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Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan o Pensilvania

La reforma electoral en los ‘swing states’: clave de las ‘midterm’ y para la carrera presidencial de 2024

Kamala Harris en UCLA. Brian Cahn/ZUMA Press Wire/dpa

Desde las elecciones de 2020, muchos estados han reformado sus leyes electorales, un hecho que podría influir en los resultados de las midterm y que, sin duda, jugará un papel decisivo en la elección del próximo presidente de los Estados Unidos.

En las pasadas presidenciales, el virus sirvió de pretexto para que muchos estados redujeran las condiciones para ejercer el voto, dando lugar a récords históricos de participación (alcanzó el 66%, la cifra más alta registrada desde 1900) y convirtiendo a Joe Biden en el presidente más votado de la historia, con 81 millones de votos a su favor. Tras estos comicios, la gran mayoría de los estados ha realizado nuevas modificaciones. Según apuntan varios centros de estudios electorales, todas reflejan una tendencia: la disminución de los requisitos de voto en los estados demócratas y su endurecimiento en los estados republicanos.

Los swing states, y más concretamente las normas electorales que en ellos se apliquen, determinarán el ganador de las elecciones de 2024, tal y como apunta el informe realizado por Disenso Radiografía de las elecciones de medio término en Estados Unidos. No hay que olvidar que Biden le debe su presidencia actual al escaso margen de votos que consiguió en estados como Georgia y Arizona en 2020. Dos estados que, hasta entonces, habían estado dominados por los republicanos y en los que Biden logró la mayoría por tan solo diez y doce mil votos, respectivamente.

Tras la reducción de los requisitos para ejercer el voto en las presidenciales de 2020, salieron a la luz numerosas irregularidades y acusaciones de fraude, muchas de ellas ocasionadas por las reformas introducidas. En Carolina del Sur, la escasa cautela supuso que algunos jueces permitiesen que se contabilizaran votos en los que la firma de la papeleta no coincidía con la del registro en el censo electoral, según revela el Washington Post.

Por el momento, entre enero de 2021 y octubre de 2022, 22 estados (más del 90% republicanos) han introducido cambios en sus respectivas leyes electorales que endurecen las condiciones de voto. Solo en 2021, se aprobaron treinta y cuatro leyes, alcanzando el récord de enmiendas electorales desde 2011. El propósito principal de estas modificaciones es asegurar la integridad del proceso de votación mediante normas básicas —como es la identificación obligatoria— que, hoy, se aplican en España y la mayoría de los países de Europa. Entre otras medidas destacan la acreditación de la ciudadanía para registrarse en el censo o el rechazo de votos por correo que no habían sido previamente solicitados por el votante.

Desde las filas demócratas ya han mostrado su inquietud con estas reformas electorales. El propio presidente Biden ha alertado de que los resultados en las midterm podrían ser «legítimos» y la candidata demócrata a la carrera de gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, ha acusado a los republicanos de utilizar la «animadversión racial como un medio para atacar los comportamientos de ciertos votantes». La realidad es que ninguna de estas leyes contiene requisitos muy alejados de los que ya se aplican en Europa.

La inquietud demócrata es entendible en tanto en cuanto podrían perder ese pequeño margen de ventaja que consiguieron en Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, todos ellos estados indispensables para llegar a la Casa Blanca.

De hecho, los demócratas han intentado aprobar dos leyes federales, la Ley de Libertad de Voto y la Ley de Fomento del Derecho al Voto John Lewis, con las que se busca reducir el alcance de las reformas electorales estatales. La primera de estas exigiría, entre otras cosas, la ampliación del número de documentos acreditativos admitidos a aquellos estados en los que es obligatorio identificarse. Sin embargo, la jugada clave de los demócratas se encuentra en la segunda de estas leyes, restaurar la decisión del juez Shelby County de 1965, que hace que estados con un historial de discriminación racial necesiten la aprobación del Departamento de Justicia para realizar cambios en las leyes electorales. Esto haría que once estados, de los cuales al menos ocho son estados llave y entre los cuales se encuentran varios swing states (como Georgia, Arizona o Michigan) tengan que contar con el visto bueno de un tribunal para modificar su ley electoral.

De momento ambas leyes cuentan con la aprobación de la Cámara de Representantes, aunque no del Senado y, en vista de los resultados esperados en las midterm, los demócratas no conseguirán los escaños suficientes para lograr que se promulguen.

Por tanto, todo depende de las modificaciones que se acometan a nivel estatal, que estarán en última instancia en manos de los gobernadores de los estados más determinantes. De momento, los republicanos han conseguido endurecer las condiciones en Arizona y Georgia, dos enclaves esenciales para su victoria.

Los ganadores de las gobernaturas estatales en las midterm pueden calibrar la balanza en una dirección u otra. Será importante lo que ocurra en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, estados que cambiaron de color en 2020, por pocos votos, y en los que sus gobernadores han vetado propuestas de ley —promovidas por sus respectivas legislaturas— que endurecen las condiciones de voto.

El futuro dependerá de la elección demócrata o republicana de cada estado. En función del ganador se endurecerá o no la legislación actual. Un asunto clave de cara a la carrera a la Casa Blanca de 2024, con Donald Trump ya en plena precampaña, y que podría eliminar el estrecho margen de votantes en los estados clave que llevó a Biden a convertirse en presidente de los Estados Unidos de América en 2020.

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