La representante republicana Nancy Mace, congresista por Carolina del Sur, ha presentado una propuesta de enmienda constitucional para impedir que ciudadanos estadounidenses naturalizados puedan servir en el Congreso, ocupar puestos de jueces federales o acceder a cargos que requieran confirmación del Senado.
La iniciativa busca extender a algunas de las posiciones más sensibles del Estado federal el requisito de ciudadanía de nacimiento que la Constitución de Estados Unidos ya exige para los cargos de presidente y vicepresidente. Para Mace, quienes redactan las leyes del país, confirman jueces y representan a Estados Unidos en puestos de alta responsabilidad deben tener una sola lealtad institucional: la nación estadounidense.
«Acabamos de presentar una resolución conjunta, largamente esperada, en la que se propone una enmienda constitucional para exigir que los miembros del Congreso, los jueces federales y los funcionarios confirmados por el Senado sean ciudadanos por nacimiento», anunció la congresista en redes sociales.
Mace defendió que se trata de aplicar un principio de coherencia constitucional. Si la presidencia y la vicepresidencia ya están reservadas a ciudadanos nacidos estadounidenses por la naturaleza estratégica de esos cargos, sostiene la republicana, resulta razonable plantear el mismo estándar para quienes legislan, integran la judicatura federal o desempeñan funciones de máxima responsabilidad dentro del aparato estatal.
«Las personas que redactan las leyes de Estados Unidos, confirman a los jueces del país y representan a Estados Unidos en la escena internacional deben tener una sola lealtad: Estados Unidos. Ningún otro país», afirmó.
La iniciativa se produce en un contexto de fuerte debate interno sobre inmigración, seguridad nacional, soberanía y alineamiento ideológico de determinados representantes públicos. Mace citó expresamente a varios congresistas demócratas naturalizados, entre ellos Ilhan Omar, representante por Minnesota; Shri Thanedar, de Michigan; y Pramila Jayapal, de Washington, a quienes acusó de demostrar que su lealtad no está con Estados Unidos.
Actualmente hay 19 congresistas demócratas naturalizados y otros siete republicanos en la Cámara. La propuesta de Mace, por tanto, tendría implicaciones sobre cargos electos de ambos partidos, aunque la ofensiva política de la congresista apunta principalmente contra figuras progresistas que se han convertido en símbolos del ala más multiculturalista e izquierdista del Partido Demócrata.
La medida ha provocado una reacción inmediata entre los sectores demócratas. Jayapal calificó la propuesta de «racista» y sostuvo que niega la historia de un país construido por inmigrantes. También pidió a sus compañeros, incluidos republicanos naturalizados, que condenen la iniciativa.
Thanedar, por su parte, acusó a Mace de lanzar ataques «racistas y xenófobos» en lugar de trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos. El congresista vinculó la propuesta con el movimiento MAGA, al que atacó duramente en sus declaraciones.
El Caucus de congresistas de ascendencia asiática y del Pacífico también rechazó la enmienda y la describió como una excusa para atacar a diputados demócratas. El grupo reprochó además que la iniciativa pueda afectar también a republicanos naturalizados como Bernie Moreno o Victoria Spartz.
Sin embargo, desde la perspectiva de Mace y de sectores conservadores estadounidenses, la cuestión de fondo no es étnica, sino política y constitucional: quién debe ocupar los puestos desde los que se define la ley, se controla la judicatura y se ejerce poder sobre la seguridad nacional. La republicana plantea que, en una época de tensiones geopolíticas, infiltración extranjera, guerra cultural y polarización interna, los cargos más altos del Estado deben quedar reservados a quienes no puedan arrastrar lealtades nacionales previas.
La propuesta no tendría un recorrido sencillo. Al tratarse de una enmienda constitucional, necesitaría superar un proceso especialmente exigente: aprobación por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificación por tres cuartas partes de los estados. Aun así, el valor político de la iniciativa está en abrir un debate que el establishment estadounidense suele esquivar: si la ciudadanía formal basta para acceder a cualquier nivel de poder o si determinados cargos requieren un vínculo originario con la nación.
