El anuncio, por parte del propio Trump, de que la detención del expresidente es inminente, acusado de una falta presuntamente cometida durante la campaña presidencial que le dio la victoria y elevada súbitamente a la categoría de delito, ha provocado el temor de que los partidarios del perseguido exmandatario organicen un segundo «6 de enero», esta vez en Nueva York.
No sería extraño. Trump, desde luego, les ha convocado. A protestar «pacíficamente», pero ya sabemos cómo van estas cosas y el grado de crispación al que ha llegado el panorama político estadounidense.
Así que la ciudad de Nueva York, curándose en salud, ha movilizado a 700 policías antidisturbios y desplegado barricadas de acero alrededor del Tribunal Penal de Manhattan en previsión de disturbios civiles. «Le tomarían las huellas dactilares. Lo fotografiarían. Incluso podrían esposarlo», informa, relamiéndose, el New York Times. «Y si Donald J. Trump es acusado por un gran jurado de Manhattan en los próximos días por su papel en un pago a una estrella porno, al expresidente de los Estados Unidos de América se le leerá el código Miranda: tiene derecho a guardar silencio y a un abogado».
Más de una docena de altos funcionarios del Departamento de Policía y dos de los principales asistentes de seguridad pública del alcalde han celebrado una reunión virtual para discutir la seguridad, el personal y los planes de contingencia en caso de protestas, según contó al Times una persona enterada de la reunión.
Mientras, los republicanos de la Cámara exigen que el fiscal de distrito de Manhattan explique su supuesta decisión de enjuiciar a Trump. «Según los informes, está a punto de participar en un abuso sin precedentes de la autoridad procesal: la acusación de un ex presidente de los Estados Unidos y actual candidato declarado para ese cargo», se lee en una carta del lunes al fiscal en cuestión, Alvin Bragg, redactada por diputados republicanos. «Esta acusación se produce después de años de que su oficina buscara un motivo, cualquiera, para presentar cargos, y finalmente se decidió por una teoría legal novedosa no probada en ninguna parte del país y que las autoridades federales se negaron a seguir».
La carta continúa desmenuzando la teoría legal no probada que sustenta la esperada acusación de Bragg , y señala que el exabogado de Trump Michael Cohen, testigo estrella de Bragg y perjuro convicto, tiene un «grave problema de credibilidad». La carta exige todos los documentos y comunicaciones relacionados con la decisión.
