Ni la derrota electoral, ni el fallo judicial, ni el sentido común han sido suficientes para que tres altos cargos progresistas abandonen su puesto en la Corporación de Radiodifusión Pública (CPB) de Estados Unidos. A pesar de haber sido destituidos por el presidente Donald Trump el pasado mes de abril —como le permite la ley—, Laura G. Ross, Thomas E. Rothman y Diane Kaplan se niegan a irse. Y no solo eso: siguen cobrando, votando y participando en reuniones como si nada hubiera pasado.
El escándalo ha salido a la luz esta semana, cuando el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado una denuncia solicitando su expulsión inmediata, la anulación de todas las decisiones tomadas desde su destitución y la devolución íntegra de los sueldos cobrados de forma irregular.
El caso es especialmente llamativo por la hipocresía institucional de estos burócratas. Durante años, medios como PBS y NPR —alimentados con cientos de millones de dólares del contribuyente a través de la CPB— acusaron a Trump de no querer aceptar los resultados electorales y de estar preparando un «golpe institucional» en 2020. Sin embargo, el expresidente se marchó en silencio y con dignidad. Hoy son los progresistas atrincherados en el aparato estatal quienes se niegan a acatar una transición de poder legal y legítima.
Trump procedió a su destitución el 28 de abril mediante una comunicación formal. Los cesados acudieron inmediatamente a los tribunales para bloquear la decisión presidencial. El juez fue tajante: el presidente tiene la autoridad para nombrar y destituir miembros de la CPB. Pero lejos de respetar el fallo, los expulsados emitieron un comunicado afirmando que siguen siendo miembros activos y, por si fuera poco, votaron para cambiar los estatutos de la entidad y blindarse frente a futuras destituciones presidenciales.
Una situación que roza la parodia institucional. Pero esto no es solo una anécdota. La CPB —la mayor fuente de financiación de la radiotelevisión pública estadounidense— es el órgano que canaliza millones de dólares del erario público hacia NPR y PBS, dos de los medios más abiertamente hostiles al trumpismo y defensores de la agenda woke, LGTB, ecologista e identitaria.
El control de estas instituciones por parte de burócratas ideológicamente comprometidos garantiza que la maquinaria mediática progre siga funcionando con dinero de todos, incluso cuando la voluntad democrática ha cambiado de signo.
La Casa Blanca de Trump ha pedido al juez que anule todas las decisiones tomadas por los cesados desde el 28 de abril, declare su cese oficial y les obligue a reintegrar las cantidades cobradas ilegalmente.
