La Administración de Donald Trump ha puesto en marcha un plan de deportación masiva que envía a inmigrantes ilegales con antecedentes penales o que han sido arrestados en territorio estadounidense a la base militar de Guantánamo, en Cuba.
El propósito del presidente estadounidense es habilitar hasta 30.000 camas en la base, reforzando la infraestructura para albergar a extranjeros que han infringido las leyes migratorias y que además han cometido delitos graves en suelo estadounidense. Para reforzar este plan, más de 150 marines han sido enviados a la isla cubana esta semana, con el fin de garantizar el funcionamiento del nuevo centro de reclusión.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó esta medida en una entrevista con Fox News, donde declaró que Estados Unidos «ya no será un vertedero de criminales ilegales de otros países». En sus declaraciones, también subrayó que el Gobierno ha logrado acuerdos con El Salvador para enviar a sus cárceles no sólo a ciudadanos salvadoreños en situación ilegal, sino también a inmigrantes de otros países de la región.
Además, Leavitt destacó que las autoridades de Colombia y Venezuela «han aceptado colaborar en la repatriación de sus ciudadanos detenidos en Estados Unidos, permitiendo una mayor eficacia en la política migratoria de deportaciones».
Con esta estrategia, Trump refuerza su postura de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal, intensificando las medidas de control y deportación para evitar que los inmigrantes con historial delictivo permanezcan en el país.