El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra la crisis de las adicciones al firmar una orden ejecutiva que pone en marcha la Iniciativa de la Casa Blanca para la Gran Recuperación Estadounidense, un dispositivo federal diseñado para coordinar la respuesta nacional frente a una de las emergencias sociales más profundas del país.
La iniciativa nace con un enfoque transversal y ambicioso. Su objetivo es articular la acción conjunta del Gobierno federal, el sistema sanitario, las comunidades religiosas y el sector privado para salvar vidas, restaurar familias y reforzar comunidades golpeadas durante años por el avance de la droga. La orden establece un órgano copresidido por el secretario de Salud y Servicios Humanos y el asesor principal para la recuperación de adicciones, con el apoyo de un director ejecutivo, miembros del gabinete y altos cargos de la Administración, algunos de ellos con una vinculación personal directa con esta crisis.
El mandato es claro: ordenar y coordinar la respuesta federal frente a la adicción, alineando programas existentes, fijando objetivos concretos y ofreciendo al público información periódica basada en datos sobre los avances logrados. La Casa Blanca subraya la necesidad de aumentar la concienciación social sobre la adicción como enfermedad, facilitar el acceso real al tratamiento y promover una cultura que valore la recuperación como un proceso posible y necesario.
Además, la iniciativa deberá asesorar a las agencias federales en el diseño de programas que integren prevención, detección temprana, tratamiento, apoyo continuado y reinserción. También orientará la concesión de subvenciones hacia proyectos centrados en la recuperación, con especial atención a la prevención, el tratamiento eficaz y la resiliencia a largo plazo. El plan contempla la colaboración con estados, naciones tribales, autoridades locales, organizaciones comunitarias y religiosas, así como con el sector privado y entidades filantrópicas.
La Administración Trump recuerda que la adicción afecta a familias de todas las comunidades del país. Se trata de una enfermedad crónica y tratable, con tasas de recaída comparables a las de otras patologías crónicas. En Estados Unidos, 48,4 millones de personas —el 16,8% de la población— padecen adicción, aunque la mayoría de quienes necesitan ayuda no la reciben ni consideran que la requieran. En 2024, entre los 40,7 millones de adultos con un trastorno por consumo de sustancias que no accedieron a tratamiento, el 95,6% no percibía esa necesidad.
Las consecuencias de esta crisis se extienden más allá del ámbito sanitario. La adicción contribuye a la caída de la participación laboral, al aumento del gasto en atención médica, a la falta de vivienda, a la inestabilidad familiar y a la pérdida de productividad, con un coste agregado que asciende a cientos de miles de millones de dólares cada año. Frente a este escenario, la Casa Blanca defiende un modelo de tratamiento equiparable al de otras enfermedades crónicas, basado en evidencia científica, avances médicos, apoyo continuado y una fuerte conexión con la comunidad.
