Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos con casi 6 millones de dólares de presupuesto no ha encontrado evidencia de ningún beneficio en la salud mental de menores diagnosticados con disforia de género al recibir bloqueadores de pubertad, según ha informado The New York Times. El proyecto, dirigido por Johanna Olson-Kennedy, comenzó en 2015 con 95 menores de aproximadamente 11 años, y buscaba observar los efectos de estos bloqueadores en el bienestar psicológico de los niños a lo largo de dos años.
Sin embargo, a pesar de llevar casi una década en marcha, los resultados no han sido publicados. Olson-Kennedy, líder en la atención médica para jóvenes con disforia de género, explicó que la decisión de retrasar la publicación se basó en su preocupación de que los datos, al no mostrar mejoras significativas en la salud mental de los menores, pudieran ser usados para limitar el acceso a los tratamientos hormonales en esta población.
La falta de publicación de estos resultados ha generado un amplio debate entre expertos en ética. Jane Anderson, vicepresidenta del Colegio Americano de Pediatras, ha señalado que es crucial publicar los resultados de estudios financiados con fondos públicos, sin importar sus conclusiones. Tadeusz Pacholczyk, del Centro Nacional Católico de Bioética, se sumó a la crítica, afirmando que «ocultar resultados negativos priva tanto a médicos como a pacientes de información esencial para tomar decisiones médicas informadas».
El NIH, principal financiador del proyecto, no ha hecho comentarios sobre la situación. Mientras tanto, otros investigadores han señalado posibles riesgos asociados al uso de bloqueadores de pubertad, como problemas de fertilidad y efectos en la densidad ósea. Un estudio reciente de la Clínica Mayo sugirió que algunos de estos efectos adversos podrían ser permanentes y de relevancia significativa.
En paralelo, la cuestión de los bloqueadores de pubertad para menores ha generado controversia a nivel global. Este año, el Reino Unido suspendió temporalmente su uso en jóvenes tras una revisión independiente que concluyó que la evidencia sobre sus beneficios no era concluyente. En Europa y en más de 20 estados de EE.UU., se han establecido restricciones o prohibiciones sobre estos tratamientos en menores de edad.
La controversia en torno a la transparencia y la ética de los estudios sobre transición de género se ha intensificado, con expertos demandando investigaciones imparciales y acceso público a los datos para asegurar tanto la objetividad científica como el bienestar de los pacientes.