Un inmigrante ilegal de origen guatemalteco ha sido condenado en Estados Unidos a apenas ocho meses de prisión tras protagonizar un violento ataque contra agentes federales de inmigración durante una operación policial en el estado santuario de Massachusetts.
El condenado es Guido Andrés Alexander Cuellar-Batres, que se encontraba en situación ilegal tras haber sobrepasado la vigencia de su visado hace más de cuatro años. La sentencia fue dictada el pasado 12 de enero por un tribunal federal, que además le impuso un año de libertad vigilada tras su salida de prisión.
Los hechos se produjeron el 4 de mayo de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban una operación selectiva y se aproximaron al vehículo del inmigrante ilegal. Al pedirle que saliera del coche y mantuviera las manos visibles, Cuellar se negó a obedecer las órdenes.
Ante su resistencia, los agentes procedieron a sacarlo por la fuerza del vehículo. Fue entonces cuando el inmigrante ilegal reaccionó con extrema violencia: mordió a uno de los agentes, intentó morder a otro y golpeó repetidamente a varios funcionarios federales. Incluso después de ser esposado, continuó resistiéndose y, cuando intentaban introducirlo en el vehículo policial, propinó un cabezazo a un agente y escupió a otro en los ojos.
El 30 de octubre de 2025, Cuellar se declaró culpable de agredir y obstaculizar a funcionarios federales en el ejercicio de sus funciones, un delito tipificado en la legislación federal estadounidense.
El director interino de la oficina de ICE en Boston, Dave Wesling, confirmó que el condenado no será puesto en libertad en la comunidad una vez cumpla su pena. «ICE está preparada para detener a Cuellar en cuanto salga de prisión. Atacó a nuestros agentes y a un miembro de la DEA. Bajo esta Administración hay tolerancia cero con quienes agreden violentamente a las fuerzas del orden», subrayó.
Wesling recordó además que el delito cometido por el inmigrante ilegal entra dentro del marco de la Ley Laken Riley, diseñada para endurecer las consecuencias penales contra extranjeros ilegales implicados en actos violentos.