Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha dado la razón a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha permitido el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles para hacer frente a los disturbios y protestas contra su política migratoria. Después de que el juez de distrito Charles Breyer retrasara el dictamen sobre el despliegue, la corte dio finalmente la razón a las autoridades locales y ordenó a Trump devolver el control sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, falló que aún era prematuro tomar medidas similares en relación con el despliegue de marines.
Sin embargo, la corte de apelaciones ha revertido ahora este fallo y ha pedido bloquear la medida dictaminada por Breyer a pesar de que las autoridades estadounidenses ya amenazaban con recurrir al Tribunal Supremo, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS. «El tribunal de distrito había emitido un veredicto sin precedentes sobre el despliegue de la Guardia Nacional para frenar las violentas protestas y los ataques que se han estado produciendo y proteger las propiedades ante la posibilidad de que se inflijan más daños», ha indicado la Fiscalía en un comunicado.
En este sentido, ha asegurado que la decisión de Breyer constituía una «intrusión poco común en la autoridad que la Constitución otorga al presidente, que es el jefe del Ejército y ha decidido desplegar esta fuerza como algo necesario para proteger a los agentes de la Policía», aseguran los fiscales. Anteriormente, el Departamento de Justicia calificó la solicitud de California como carente de «fundamento jurídico» en un breve escrito presentado ante el juzgado, argumentando que, de concederse, pondría «en peligro la seguridad del personal del Departamento de Seguridad Nacional e interferiría en la capacidad del Gobierno federal para llevar a cabo sus operaciones».
Trump, por su parte, ha reconocido públicamente que baraja invocar la Ley de Insurrección en el caso de que la situación escale en la ciudad californiana y ha señalado a los manifestantes de recibir pagos por protestar contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), unas manifestaciones que se han extendido a una decena de ciudades de todo el país.
