La ONG Greenpeace se encuentra en el centro de una batalla legal en Estados Unidos que podría significar su ruina financiera. La compañía energética Energy Transfer ha presentado una demanda de 300 millones de dólares contra la organización, acusándola no sólo de difamación, sino también de haber orquestado protestas ilegales contra la construcción del oleoducto Dakota Access, que conecta campos de fracking en Dakota del Norte con Dakota del Sur, Iowa e Illinois.
El proyecto, desarrollado entre 2014 y 2017, representó una inversión de 3.780 millones de dólares y generó 42.000 empleos directos. Sin embargo, fue blanco de protestas organizadas por grupos indigenistas y Greenpeace, que ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones ante la justicia estadounidense.
Energy Transfer sostiene que Greenpeace jugó un papel clave en la paralización de las obras, lo que derivó en enormes pérdidas financieras. La empresa exige una compensación por los daños sufridos, incluyendo gastos adicionales en seguridad, retrasos en la finalización del proyecto y perjuicios reputacionales.
Pero la denuncia va más allá. Energy Transfer acusa a Greenpeace de haber tejido una campaña de desinformación deliberada, difundiendo datos falsos sobre el impacto ambiental del oleoducto y generando un clima de hostilidad que terminó afectando las inversiones en el proyecto. La compañía también argumenta que la ONG impulsó estrategias de presión económica, instando a bancos y grandes inversores a retirar su apoyo financiero.
Uno de los aspectos más graves de la denuncia es la acusación de que Greenpeace alentó protestas violentas, facilitando recursos para el bloqueo de carreteras, el sabotaje de maquinaria y los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Aunque Greenpeace niega su implicación en actos de violencia, Energy Transfer afirma tener pruebas que demostrarían su participación activa en la organización de los disturbios.
El proceso judicial, que arrancó el 24 de febrero de 2025 en Dakota del Norte, podría dejar a Greenpeace al borde de la quiebra. La ONG registró en 2023 ingresos de 40 millones de dólares y gastos por 38 millones, destinando la mayor parte a salarios y proyectos. Con un patrimonio neto de sólo 5 millones de dólares, una sentencia adversa podría significar su desaparición.
El juicio podría sentar un precedente legal clave en Estados Unidos, limitando las tácticas agresivas de las ONG ambientalistas y estableciendo un marco más estricto para sus actividades de presión.
