La enfermera estadounidense McKenna West, que ejerce como madre gestante, se enfrenta a una demanda presentada por los futuros padres después de negarse a abortar al bebé que espera tras detectarse una grave cardiopatía congénita durante la ecografía de la semana 20.
Según publica El Debate, West había firmado un contrato con Worldwide Surrogacy Specialists, una empresa dedicada a gestionar procesos de gestación subrogada que, según la información difundida por la Sociedad de Protección de los Niños No Nacidos (SPUC), ofrece a las mujeres cantidades de entre 55.000 y 70.000 dólares por el proceso.
La enfermera quedó embarazada y, después de mantener entrevistas con varias parejas, escogió a quienes consideraba «el matrimonio perfecto». Sin embargo, la situación cambió durante una revisión rutinaria realizada aproximadamente a mitad de la gestación, cuando los médicos detectaron una grave anomalía cardíaca.
El feto presentaba una grave cardiopatía congénita detectada conocida como síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, una enfermedad en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente y que dificulta que el órgano pueda bombear suficiente sangre al organismo.
Los médicos explicaron a los padres las características de la enfermedad y plantearon la posibilidad de intervenir quirúrgicamente al bebé después del nacimiento. Según SPUC, los futuros padres rechazaron esta opción y solicitaron a West que interrumpiera el embarazo.
Aunque el contrato contemplaba la posibilidad de abortar en caso de detectar determinadas anomalías en el feto, la enfermera decidió continuar con la gestación. West aseguró que quería evitar que la vida del bebé fuese truncada y comenzó a buscar un centro médico especializado que pudiera tratar al recién nacido.
Finalmente encontró en Texas un hospital con experiencia en casos de hipoplasia del ventrículo izquierdo. La enfermera había decidido además llamar Gabriel al bebé.
La negativa de West provocó un conflicto con los padres intencionados, que le reclamaron la devolución del dinero abonado y una compensación económica por los supuestos daños derivados del incumplimiento del contrato. La gestante rechazó las exigencias.
Los padres decidieron entonces acudir a los tribunales y presentaron una demanda en California, donde el procedimiento continúa abierto. Entre sus peticiones figura que West sea obligada a trasladarse allí para dar a luz.
La enfermera se opone a esa posibilidad porque sostiene que el bebé no tendría acceso a una intervención quirúrgica en ese lugar y recibiría únicamente cuidados paliativos. Por ello, defiende permanecer donde pueda recibir tratamiento especializado y afirma que West quiere luchar por su hijo para ofrecerle una oportunidad de supervivencia.