La lógica es muy sencilla: si no te gusta lo que vota el pueblo, cambia el pueblo. Esa es una de las razones que explican la sustitución poblacional en Europa. Pero si tampoco eso sirve, o va demasiado despacio, se puede recurrir a la ilegalización de los partidos soberanistas. Esta parece ser la estrategia de los partidos del sistema con Alternativa para Alemania (AfD), según denuncia la propia formación.
El partido de Alice Weidel denuncia que los partidos dinásticos alemanes de pretender excluirlo de la vida política tras sus victorias electorales. La propuesta de estudiar su ilegalización divide a la CDU y recibe el respaldo de dirigentes socialdemócratas, mientras el soberanismo consolida su avance en Francia y la política migratoria de Sánchez provoca nuevas tensiones en Bruselas.
La copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, ha acusado a sus adversarios políticos de intentar prohibir el partido que encabeza las encuestas nacionales y que acaba de conseguir una contundente victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.
La dirigente soberanista reaccionó con abierta ironía a la propuesta de Hendrik Wüst, ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia y destacado dirigente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), de constituir una comisión conjunta del Gobierno federal y los estados para examinar las posibilidades jurídicas de ilegalizar AfD. «Parece que esto va de la mano de unos resultados electorales desastrosos. Entonces hay que apresurarse a querer prohibir al partido más fuerte. Les deseo que se diviertan mucho intentándolo», declaró Weidel a la televisión alemana Welt.
La controversia ha adquirido una dimensión que trasciende las habituales iniciativas de la izquierda contra AfD. Wüst pertenece al mismo partido que el canciller Friedrich Merz, aunque ambos mantienen posiciones diferentes sobre la conveniencia de abrir un procedimiento de ilegalización. La propuesta del dirigente democristiano ha recibido el respaldo de Andreas Bovenschulte, alcalde-presidente de Bremen y destacado miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), así como de otros dirigentes regionales. El pasado 16 de octubre, Bovenschulte reiteró su apoyo a la creación de un grupo de trabajo integrado por juristas constitucionalistas y representantes de los servicios de inteligencia interior, encargado de estudiar las pruebas disponibles y determinar si existe fundamento para solicitar la prohibición del partido.
El debate se produce después de las elecciones del 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt, en las que AfD obtuvo el 43,8% de los votos, más del doble de su resultado de 2021. La victoria ha convertido a la formación en la principal fuerza política de este estado del este de Alemania, aunque carece de mayoría absoluta y las demás formaciones rechazan facilitarle el Gobierno. El resultado ha reforzado las posiciones de quienes reclaman medidas extraordinarias contra AfD y también las de quienes consideran que su creciente respaldo electoral exige una respuesta política antes que judicial.
En el conjunto del país, las encuestas sitúan a la formación de Weidel muy por delante de los democristianos y de sus socios socialdemócratas. Algunos sondeos le atribuyen una intención de voto próxima al 30%, una proporción especialmente significativa en un sistema político caracterizado durante décadas por el predominio de la CDU/CSU y el SPD. El avance soberanista coincide con el desgaste de la coalición de Friedrich Merz y con las dificultades de los partidos tradicionales para recuperar el apoyo perdido, especialmente en los territorios orientales.
El propio canciller ha expresado públicamente sus reservas sobre la estrategia de la ilegalización. «Sigo siendo escéptico sobre las posibilidades de éxito de un procedimiento de prohibición», declaró Merz en septiembre, durante una comparecencia conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El dirigente democristiano considera que las exigencias constitucionales son muy elevadas y que la desaparición jurídica de AfD tampoco resolvería las preocupaciones de sus votantes. Su propuesta consiste en recuperar ese electorado mediante una oferta política que atienda sus inquietudes y reservas frente a la actuación de los gobiernos alemanes.
La división alcanza también a la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), tradicional aliada de la CDU. Su presidente, Markus Söder, ha advertido de las dificultades constitucionales de la prohibición y del peligro de convertir a AfD en una organización mártir. «En una democracia hay que trabajar con medios democráticos», declaró el dirigente bávaro, que considera preferible preparar mejor las próximas elecciones y encontrar argumentos capaces de persuadir a los votantes. Alexander Hoffmann, presidente del grupo parlamentario de la CSU en el Bundestag, resumió esa posición con una fórmula especialmente expresiva: el objetivo debe ser desplazar a AfD mediante el ejercicio del gobierno, en lugar de intentar hacerla desaparecer mediante una prohibición.
La Constitución alemana contempla expresamente la posibilidad de ilegalizar partidos políticos que persigan la destrucción del orden democrático. El artículo 21 de la Ley Fundamental atribuye la decisión al Tribunal Constitucional Federal, que debe pronunciarse a instancia del Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal. La jurisprudencia exige demostrar una actuación activa contra el orden constitucional y la existencia de posibilidades reales de alcanzar los objetivos perseguidos. Algunos servicios regionales de protección de la Constitución consideran a determinadas organizaciones territoriales de AfD «movimientos de extrema derecha acreditada», calificación que la formación impugna judicialmente.
Uno de los principales impulsores del procedimiento es Georg Maier, ministro del Interior de Turingia y miembro del SPD. Maier ha incorporado al debate un argumento relacionado con la política exterior: las supuestas vinculaciones de AfD con Rusia. En declaraciones al diario económico Handelsblatt el 6 de octubre, afirmó que la creciente proximidad de dirigentes soberanistas a Moscú podría desempeñar un papel decisivo en una eventual causa constitucional, puesto que la Ley Fundamental contempla también las actividades que pongan en peligro la existencia de la República Federal. El dirigente socialdemócrata se mostró convencido de que existen pruebas suficientes para acreditar una radicalización de la formación.
El debate ha llegado asimismo al Parlamento regional de Turingia, que celebró a comienzos de octubre una audiencia pública con nueve especialistas para examinar la posible ilegalización. Entre los comparecientes figuraba Hans-Georg Maaßen, antiguo presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, crítico con los argumentos empleados para promover el procedimiento. La discusión ha puesto de manifiesto las dificultades de una iniciativa que necesitaría superar importantes obstáculos jurídicos y que podría prolongarse durante años.
A las iniciativas regionales se ha sumado el acuerdo preliminar presentado el 17 de octubre por el SPD, Los Verdes y Die Linke para negociar un gobierno en Berlín. El documento contempla impulsar desde el Bundesrat un procedimiento contra AfD y buscar apoyos entre otros gobiernos regionales. El mismo pacto propone ampliar los derechos electorales de los extranjeros sin nacionalidad alemana y desarrollar nuevas medidas de acogida y regularización de inmigrantes. La combinación de ambas propuestas ha abierto una nueva controversia sobre los límites de la participación política y la respuesta de la izquierda al crecimiento de los soberanistas.
Marine Le Pen lidera todos los sondeos en Francia
El avance de AfD forma parte de una transformación política que afecta también a otros grandes países europeos. En Francia, Agrupación Nacional de Marine Le Pen ha consolidado su posición como principal alternativa electoral de cara a las presidenciales de 2027. Una encuesta de Ifop-Fiducial realizada entre el 17 y el 19 de octubre, después de los disturbios que sacudieron distintas ciudades francesas, concede a Le Pen entre el 34% y el 38% de los votos en la primera vuelta, según los candidatos que concurran. La dirigente soberanista mejora entre uno y dos puntos respecto a la anterior medición en los escenarios comparables.
El mismo estudio atribuye a Le Pen la victoria en todas las hipótesis de segunda vuelta examinadas. Obtendría el 56% frente al antiguo primer ministro Édouard Philippe, el 58% frente a Gabriel Attal, el 59% frente al expresidente socialista François Hollande y el 57% frente al eurodiputado Raphaël Glucksmann. Su ventaja sería todavía mayor frente al dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, al que derrotaría con el 68% de los sufragios. El director general de Opinión de Ifop, Frédéric Dabi, considera que Le Pen es la principal beneficiaria política de los recientes disturbios y de su asociación con las demandas de orden y seguridad.
Los resultados franceses reflejan asimismo las dificultades de las formaciones tradicionales. Philippe retrocede hasta el 15% en uno de los escenarios examinados, mientras el antiguo ministro del Interior Bruno Retailleau, representante de la derecha republicana, obtiene entre el 5% y el 7,5%. La Agrupación Nacional aparece así en una posición electoral muy diferente de la que ocupaba hace apenas una década, cuando el llamado cordón sanitario permitía a sus adversarios reunir amplias mayorías en las segundas vueltas para impedir su acceso al poder.
Pedro Sánchez reivindica la «regularización» de miles de inmigrantes ilegales
En España, mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha seguido una orientación diferente en una de las cuestiones que más están condicionando el debate político europeo. La regularización extraordinaria desarrollada entre abril y junio de este año recibió 1.174.978 solicitudes, según el balance oficial publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 2 de julio. De ellas, 609.737 habían sido tramitadas al cierre de ese balance. El 79,6% correspondía a solicitudes de arraigo extraordinario y el 20,4% a solicitantes de protección internacional. El Gobierno presentó la operación como una medida destinada a facilitar la incorporación laboral y social de personas que ya residían en territorio español.
La dimensión del proceso ha suscitado reservas en las instituciones comunitarias. El pasado 16 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamó una coordinación estrecha entre los Estados miembros cuando adopten decisiones de regularización de inmigrantes irregulares, debido a sus posibles consecuencias para el conjunto del espacio Schengen. Von der Leyen recordó que estas medidas pertenecen al ámbito de las competencias nacionales, pero advirtió de que pueden tener efectos transfronterizos, dado que la supresión de los controles interiores facilita la circulación entre los países participantes.
La controversia revela la distancia entre la política migratoria española y la orientación restrictiva que gana terreno en buena parte de Europa, tanto entre gobiernos conservadores como entre ejecutivos de distinto signo político. La inmigración, la seguridad y la identidad nacional se han convertido en asuntos centrales de las campañas electorales europeas, y su importancia está modificando las posiciones de partidos que tradicionalmente habían defendido políticas de acogida más amplias.
Alemania afronta así una situación singular: el partido que encabeza los sondeos nacionales y acaba de obtener casi el 44% de los votos en un estado federado se enfrenta a iniciativas de ilegalización promovidas por representantes de las mismas fuerzas que gobiernan el país. Francia contempla la posibilidad de que la Agrupación Nacional conquiste por primera vez la presidencia de la República, mientras Italia ofrece el precedente de una formación soberanista instalada desde hace cuatro años en el Ejecutivo. En los tres casos, el avance electoral de estas fuerzas ha obligado a sus adversarios a reconsiderar sus estrategias y ha situado la inmigración y la soberanía nacional en el centro de la política europea.
A cinco semanas de las elecciones generales españolas, el contraste resulta especialmente significativo. Mientras en Alemania se discute cómo responder institucionalmente al crecimiento de AfD y en Francia las encuestas anticipan una posible victoria de Le Pen, el Gobierno de Sánchez reivindica una regularización extraordinaria de más de un millón de solicitantes que ha llevado incluso a la presidenta de la Comisión Europea a recordar las consecuencias comunitarias de las decisiones nacionales en materia migratoria.