La política alemana de asilo y migración habría supuesto para las arcas públicas al menos 400.000 millones de euros entre 2016 y 2025, según una investigación del periodista Björn Harms publicada por el diario WELT.
El cálculo trata de reconstruir una factura que el Estado alemán no ofrece de forma consolidada. Para ello, Harms ha recopilado durante años datos de ministerios federales, los 16 estados federados, ayuntamientos y otros organismos públicos, además de partidas relacionadas con alojamiento, integración y atención a los solicitantes de asilo.
La cifra más sólida corresponde al propio Gobierno federal: las partidas oficialmente clasificadas como gastos relacionados con refugio y migración alcanzaron 242.500 millones de euros entre 2016 y 2025. Esto equivale aproximadamente al 5,8% de todo el gasto federal efectuado durante esos diez años.
Más de 100.000 millones en los estados federados
Harms añade a esa cantidad más de 100.000 millones desembolsados por los Länder, además de los costes asumidos por ciudades y municipios y otras partidas vinculadas a colegios, atención sanitaria, tribunales y estructuras administrativas.
El periodista sostiene que alrededor de la llegada masiva de solicitantes de asilo se ha desarrollado lo que denomina un «complejo del asilo», formado por empresas inmobiliarias, operadores de centros de acogida, servicios de seguridad, asociaciones y entidades públicas cuyo volumen de negocio depende en buena medida del gasto estatal.
Uno de los ejemplos utilizados por WELT es un antiguo complejo de oficinas de Berlín reconvertido en alojamiento para refugiados cuyo coste para el contribuyente alcanzaría los 150 millones de euros hasta 2035. Harms asegura además haber identificado, tras consultar a distritos y ciudades, más de 5.500 centros colectivos de acogida en Alemania.
Alemania no dispone de una factura oficial completa
El cálculo de 400.000 millones ha llegado ya al Bundestag. AfD lo citó este jueves para reclamar al Gobierno una contabilidad periódica sobre el coste y el beneficio fiscal de la inmigración. El propio Parlamento reconoce que no existe actualmente una cuenta oficial consolidada que reúna los gastos de todos los niveles administrativos.
La cifra de Harms, por tanto, es una estimación y no un dato oficial del Gobierno alemán. La dificultad reside especialmente en evitar duplicidades entre transferencias federales, regionales y municipales.
Un análisis independiente posterior considera plenamente acreditados los 242.500 millones del Gobierno federal, pero estima que una reconstrucción consolidada de todos los niveles se situaría alrededor de 340.000 millones, mientras que alcanzar los 400.000 millones exige supuestos más amplios. También recuerda que dentro de las partidas federales se incluyen decenas de miles de millones destinados a combatir las causas de la migración en terceros países, no sólo al gasto de acogida dentro de Alemania.
Pese a la disputa metodológica sobre la cifra final, los datos oficiales muestran la magnitud presupuestaria de una década marcada por la política de puertas abiertas iniciada durante la etapa de Angela Merkel.
