Las cifras oficiales de criminalidad han encendido las alarmas en Londres: durante el mes de enero se registraron 746 denuncias por violación, lo que equivale a aproximadamente un caso cada 60 minutos en la capital británica.
Los datos proceden de estadísticas públicas de la Metropolitan Police Service, que muestran la magnitud del problema en distintos distritos del área metropolitana. Según el desglose territorial de la policía, algunos distritos del interior de la ciudad concentraron el mayor número de casos.
El distrito de Southwark registró 41 denuncias, la cifra más alta del mes. Le siguieron Tower Hamlets y Haringey, con 40 casos cada uno, mientras que Croydon contabilizó 39. Otros distritos como Newham, Lambeth y Lewisham superaron también la treintena de denuncias durante el mismo periodo.
Incluso en zonas con menor incidencia, las cifras siguen siendo relevantes: Kingston upon Thames registró 12 casos, Richmond upon Thames 11 y tanto Bexley como Harrow contabilizaron 10 denuncias cada uno. Otros datos obtenidos mediante solicitudes de información pública revelan que 780 personas fueron investigadas por delitos de violación en Londres durante 2023.
De ellas, 229 eran extranjeros y en siete casos no se pudo determinar la nacionalidad, aunque las estadísticas no especifican si los ciudadanos británicos habían nacido en el país o habían adquirido posteriormente la nacionalidad.
Las cifras han reavivado el debate sobre las llamadas bandas de explotación sexual o «grooming gangs», redes organizadas que han protagonizado varios escándalos en el Reino Unido durante los últimos años. Algunos analistas consideran que estos grupos podrían estar influyendo en los niveles de criminalidad sexual en determinadas zonas urbanas.
Un informe del centro de estudios Policy Exchange advirtió recientemente de que en escándalos anteriores —como el caso de explotación sexual masiva en Rotherham— las autoridades tardaron en actuar por temor a ser acusadas de racismo o islamofobia.
El documento señalaba que el miedo a ser señalado por motivos políticos pudo haber frenado durante años la actuación de instituciones públicas frente a estas redes criminales.
