Nueva polémica en Alemania a cuenta de la política migratoria del Gobierno: alrededor de 330 afganos homosexuales y transexuales, trasladados previamente a Pakistán por iniciativa de ONG como la Asociación de Lesbianas y Gays (LSVD), podrían ser acogidos por la República Federal sin que exista una promesa formal de admisión. Todo, con la presión directa de colectivos activistas que exigen su entrada en territorio alemán.
Aunque el Gobierno del canciller Friedrich Merz (CDU) afirma no considerarse responsable de estas personas, las ONG aseguran que hubo conversaciones con el Ministerio del Interior en las que se permitió el viaje a Pakistán sin autorización formal previa. Desde entonces, los afectados llevan más de dos años atrapados en Islamabad, pero ahora el foco vuelve a estar en Berlín, que estudia habilitar su llegada por vía aérea.
El Ministerio del Interior insiste en que «por regla general, las admisiones se realizan desde Afganistán», sin aclarar si se harán excepciones. Sin embargo, la redacción ambigua permite distintas interpretaciones. El antiguo gestor del Programa Federal de Acogida, Tilmann Röder, reconoce que la fórmula fue diseñada para permitir evacuaciones desde terceros países en casos individuales.
Organizaciones como Kabul Luftbrücke (Puente Aéreo de Kabul) y el propio LSVD están aumentando la presión sobre el Gobierno federal, al que acusan de haberlos «traicionado». Ya se estudian acciones legales y se contemplan destinos alternativos como México, Canadá o Colombia, aunque el objetivo de los activistas sigue siendo que Alemania asuma la acogida de estos afganos.
Activismo, cupos y vulnerabilidad autoasignada
Los 330 afganos han sido clasificados por las ONG como «especialmente vulnerables» en virtud de su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la iniciativa de su traslado a Pakistán se hizo al margen del programa oficial de acogida. Pese a ello, ahora se reclama al Gobierno que asuma su entrada por razones humanitarias, en una nueva muestra de cómo el activismo ideológico condiciona la política migratoria alemana.
Una vez más, el debate no gira en torno a los compromisos legales vigentes, sino a la presión política de colectivos subvencionados que reclaman privilegios excepcionales para los perfiles que ellos mismos deciden etiquetar como prioritarios.
