El sistema de bienestar austríaco vuelve a situarse en el centro de la polémica tras conocerse que el Estado financia tratamientos de fertilidad no sólo a ciudadanos nacionales, sino también a inmigrantes y refugiados, incluidos solicitantes de asilo con determinados permisos de residencia.

Según un folleto oficial del Ministerio de Asuntos Sociales de Austria, el Fondo Federal de Fecundación In Vitro (FIV) cubre hasta el 70% del coste de los tratamientos de inseminación artificial, con una aportación pública que puede alcanzar los 3.080 euros por intento. Las parejas beneficiarias pueden acceder inicialmente a cuatro tratamientos subvencionados, y a otros cuatro adicionales tras un embarazo exitoso.

Sólo en 2024, en Austria se realizaron 12.623 tratamientos de fecundación in vitro, con un coste total para las arcas públicas de 21,4 millones de euros. El programa no se limita a ciudadanos austríacos: también incluye a nacionales de otros países de la Unión Europea, personas con derecho de libre circulación, solicitantes de asilo con residencia permanente y titulares del llamado permiso de residencia «plus».

La revelación ha provocado una fuerte reacción política. El secretario general del partido soberanista Michael Schnedlitz, de la FPÖ, calificó la situación de «escándalo político», denunciando que mientras muchos austríacos esperan meses para pruebas médicas básicas, los inmigrantes reciben tratamientos de fertilidad financiados por los contribuyentes.

La controversia no se limita al ámbito nacional. En la ciudad de Linz, el concejal de Sanidad Michael Raml señaló que alrededor de 50 procedimientos anuales corresponden a nacionales de terceros países, lo que, a su juicio, evidencia una clara priorización del gasto público en favor de la inmigración.

«Mientras los austríacos esperan meses para exámenes médicos, los solicitantes de asilo tienen la inseminación artificial pagada con dinero público», denunció Raml.

El debate sobre los tratamientos de fertilidad se suma a otras decisiones controvertidas. En Viena, el ayuntamiento asignó en 2024 1.618 viviendas municipales directamente a refugiados, al margen del sistema oficial de listas de espera, mientras miles de familias austríacas permanecen durante años a la espera de un piso público.