Austria está a punto de convertirse en el primer país de la Unión Europea que congela el derecho a la reunificación familiar para inmigrantes con estatus de asilo. Las autoridades de Viena han argumentado que el sistema nacional de acogida ha alcanzado su punto de saturación y que es necesario actuar para evitar un colapso en servicios clave como la sanidad, la educación y el empleo.
La iniciativa fue dada a conocer el miércoles 26 de marzo por la ministra de Integración, Claudia Plakolm, tras una reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo prevé introducir cambios legislativos que permitan la aprobación de un decreto para hacer efectiva la suspensión, cuya entrada en vigor está prevista para mayo. Aunque el plazo inicial será de seis meses, el texto contempla la posibilidad de prorrogar la medida hasta 2027.
El trasfondo político de esta decisión resulta clave para entender su alcance. En las elecciones de septiembre, el soberanista Partido de la Libertad (FPÖ) se convirtió en la fuerza más votada, pero quedó excluido del gobierno por la negativa del Partido Popular Austriaco (ÖVP) a aliarse con él. En su lugar, los populares optaron por pactar con socialdemócratas y ecologistas, logrando así mantener el control del Ejecutivo. No obstante, el canciller del ÖVP se ve ahora presionado por el ascenso constante del FPÖ en las encuestas, lo que le obliga a adoptar posturas más firmes en materia migratoria para no perder terreno frente a sus rivales.
El gobierno sostiene que en los últimos meses se ha disparado la llegada de familiares de personas con protección internacional, lo que habría desbordado la capacidad de los servicios públicos. Las autoridades aseguran que muchos de los recién llegados no dominan el idioma ni acceden al mercado laboral con facilidad, lo que dificulta su inclusión y eleva la tensión social. Según la ministra Plakolm, «cada nueva llegada complica aún más las posibilidades de integración».
El FPÖ, sin embargo, ha criticado la propuesta por considerarla insuficiente y de carácter meramente simbólico. El partido exige el desmantelamiento completo del sistema de reunificación familiar, vigente en Austria desde 1996, y acusa al gobierno de aplicar medidas temporales para aplacar la opinión pública sin intención real de cambiar las cosas.
La suspensión anunciada no sólo ha encendido el debate en Austria. En otros países europeos, sectores políticos patriotas también promueven endurecer el acceso a la reunificación familiar. En España, VOX ha exigido restricciones más severas, mientras que en Francia, el Rassemblement National de Marine Le Pen y figuras como Éric Zemmour han defendido su eliminación total. En enero de este año, el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, emitió una circular dirigida a las prefecturas para limitar los efectos de esta vía de migración.
