El 16 de junio el diputado Rupert Lowe, líder de Restore Britain, publicó las 219 páginas de su investigación sobre las Bandas de Violación en Gran Bretaña, un trabajo financiado con las donaciones de más de veinte mil ciudadanos. No es un documento oficial ni tiene poder para citar testigos, y eso condiciona su naturaleza pero a la vez muestra la valentía y voluntad de la sociedad civil cuando el Estado deja de cumplir su función. La columna vertebral del informe son los testimonios de supervivientes y denunciantes.
El documento sostiene una afirmación de alcance nacional: que estas redes operaron en 149 distritos, cerca del 40% del país, durante décadas y reúne relatos que es difícil leer sin estremecerse: el patrón que se repite es siempre parecido: primero un cortejo (regalos, alcohol, droga, la ilusión de un novio mayor que se ocupa); después, cuando la chica ya depende de todo eso, el traslado a pisos y hoteles donde no la espera un hombre sino varios. Las grababan para atarlas por la vergüenza, las castigaban si se resistían y les recordaban, por si hacía falta, que para ellos no eran más que «basura blanca».
La estimación de 250.000 víctimas es una extrapolación que no tiene aún confirmación oficial, pero esto no debilita el caso; lo fortalece. Porque incluso descontando el número más discutible, lo que está documentado caso por caso (en Rotherham, en Rochdale, en los procesos judiciales posteriores) es tan descomunal, aberrante, inhumano, sistemático y terrorífico que debería sumergir al país en un cataclismo gubernamental, moral y cívico.
Desde ya, constituye uno de los mayores fracasos institucionales de la historia británica.
Hay algo revelador en el modo en que el informe fue recibido, o, mejor dicho, en la manera en que fue ignorado. Tuvo una cobertura modesta, pero concentrada en medios de derecha y alternativos, acompañada de la advertencia de los verificadores sobre sus cifras; la prensa de referencia lo trató con pinzas o lo descartó. Un documento que denuncia crímenes de esta magnitud recibió una atención inversamente proporcional a su gravedad, y esa desproporción no es un detalle: es parte del mismo fenómeno que el informe pretende describir. Durante años, la incomodidad de nombrar el problema pesó más que el problema mismo.
Ese es, en realidad, el corazón del asunto, y donde el informe de Lowe acierta. La pregunta que ordena todo lo demás no es por qué ocurrieron estos crímenes, sino por qué un Estado con un sistema judicial consolidado, fuerzas policiales profesionales y un aparato extenso de protección infantil fue incapaz de actuar durante décadas. La respuesta tiene tres capas, y ninguna es cómoda.
La primera es la cobardía institucional. Las víctimas fueron desacreditadas, ignoradas y a veces criminalizadas: detenidas por desórdenes o por delitos menores ligados a la propia explotación que sufrían, mientras los adultos que abusaban de ellas quedaban libres. En no pocos casos los servicios sociales registraron lo que les pasaba como «elecciones de estilo de vida». El Informe Jay sobre Rotherham, en 2014, ya estableció que al menos 1.400 niñas fueron explotadas entre 1997 y 2013, con perpetradores mayoritariamente de origen pakistaní, y acusó a la policía y al ayuntamiento de fallas flagrantes y de la supresión de documentos.
La auditoría de la baronesa Casey, un año atrás, encontró archivos de menores en los que la palabra «Pakistani» había sido borrada deliberadamente por miedo, según quien lo hizo, a dar munición a la extrema derecha. El miedo a parecer racista se impuso sobre el deber de proteger.
Pero atribuir esa parálisis sólo al clima multicultural deja fuera lo más importante. Debajo del miedo a la acusación de racismo latía un reflejo mucho más común y mucho menos ideológico: el de cualquier organismo que pone su propia supervivencia por encima de su misión. Para un funcionario, un trabajador social o un jefe policial, abrir un caso que rozaba el origen de los acusados prometía denuncias, prensa hostil y carreras arruinadas; no abrirlo, en cambio, no costaba nada. Visto así, permitir que el abuso continuara fue, en demasiados despachos, la salida de menor riesgo personal. No hace falta un villano para explicarlo, alcanza con un incentivo mal puesto, repetido miles de veces, y por eso mismo resulta tan difícil de desarmar. Como siempre: La Banalidad del Mal.
La segunda cuestión es la inoperancia, que por su dimensión e indolencia, debería ser en sí misma tratada como un acto criminal. Durante años la policía trató cada denuncia como un hecho aislado, sin ver que detrás había organizaciones con tareas repartidas: el que seducía a la chica no era el que la trasladaba, ni el que aportaba la droga, ni el que prestaba el lugar, ni el que la amenazaba para que callara. ¿Eligieron? ¿Decidieron? perseguir episodios sueltos cuando enfrente había una estructura arraigada que permitió que grupos consolidados operaran durante décadas enteras sin ser desmantelados.
¿Auténticos sistemas criminales familiares pasados de generación en generación sin que el Estado británico notara absolutamente nada? Difícil de creer. Las correcciones que recomendó Casey, y que el gobierno aceptó, apuntan justo a ese punto ciego: tratar el fenómeno como crimen organizado grave y centralizar la respuesta en la Agencia Nacional contra el Crimen. Cuesta pensar que ese trabajo no se hubiera podido hacer medio siglo antes.
La tercera dimensión es el clima político que paraliza el análisis y que sigue intacto. Y es aquí donde el informe de Lowe podría haber ido más lejos, porque su diagnóstico resulta más estrecho que el fenómeno que pretende explicar.
La hipótesis más fuerte que circula, y la más perturbadora, es que dentro de ciertas subculturas funcionó algo parecido a un cierre de grupo: una lógica en la que las víctimas, por ser de afuera, «infieles», «blancas», quedaban más allá del límite donde rigen las normas que el propio grupo respeta puertas adentro. Pero reducir el horror a la propensión religiosa no aclara lo esencial, que es por qué las instituciones británicas reaccionaron como reaccionaron.
Tal vez la respuesta sea sociológica antes, o además, de teológica. En las localidades mejor documentadas reaparece un mismo trasfondo: comunidades de origen cachemir, sobre todo vinculadas al distrito de Mirpur, organizadas en torno al sistema biradari. Es una malla de parentesco que une a familias enteras por sangre y por matrimonio, una endogamia que sigue siendo norma: un estudio de Born in Bradford halló que casi la mitad de las madres de la comunidad pakistaní en tres barrios del centro estaban casadas con un primo de primer o segundo grado, con deberes mutuos y lealtades que pesan más que cualquier vínculo con el Estado que las acogió. En la emigración esa malla funciona impidiendo toda asimilación: consigue trabajo, vivienda, respaldo; y es el mismo tejido que vuelve casi imposible que una denuncia brote desde adentro.
Eso es lo que la teología no explica y la estructura sí: por qué, durante tanto tiempo, el silencio no se rompió dentro de la propia comunidad. El motor posiblemente haya sido el cruce de tres cosas mucho más prosaicas: una red de parentesco cerrada, una empresa criminal con funciones repartidas y una cobardía oficial que dejó crecer a las dos. La clave es, siempre, esa banalidad. Además del choque de civilizaciones, talló la lealtad de clan y la impunidad, un tríptico casi imposible de combatir.
Conviene mirar lo que pasa ahora, porque el final de esta historia todavía se está escribiendo. El mismo mes en que Lowe publicó su informe, al cumplirse un año de la auditoría Casey, la Agencia Nacional contra el Crimen devolvió a la policía los primeros ocho casos cerrados para que se reinvestiguen, dentro de una revisión, la Operación Beaconport, que ya recibió miles de expedientes archivados. El motivo por el que muchas de esas causas se cerraron en su momento, según el propio organismo, fue un «error humano»: líneas de investigación que estaban ahí, a la vista, y que nadie siguió. Esa fórmula burocrática es, leída con crudeza, la confesión de medio siglo.
En paralelo, una investigación nacional con poderes estatutarios quedó formalmente en marcha en abril de 2026, con Oldham como primera localidad bajo la lupa. Que el aparato del Estado por fin se mueva no es un consuelo: es la medida exacta de cuánto tardó, y de cuánta presión hizo falta, informes ciudadanos como el de Lowe incluidos, para arrancarlo.
Por eso, el informe de Lowe merece ser leído, y leído entero. Ahí están las voces que durante años fueron desoídas, ahora por escrito y sin intermediarios. Leerlas duele, y debe doler: es lo mínimo que se les debe a quienes encontraron el coraje de hablar después de que tantos eligieran callar. Un mundo que no es capaz siquiera de leer lo que les hicieron a estas niñas no tiene autoridad moral para prometer que no volverá a ocurrir.
