El Gobierno polaco mantiene su intención de reformar el sistema judicial a pesar del veto parcial del presidente del país, la ola de protestas y las advertencias desde la Comisión Europea, que este miércoles decide si abre un procedimiento para sancionar a Varsovia.
«El Gobierno no abandona el camino de las reformas en la Justicia, vamos a luchar para lograr los cambios necesarios y que se implementen tan pronto como sea posible», ha dicho este martes el ministro de Defensa, Antoni Macierewicz.
El ministro ha defendido el camino emprendido por el Ejecutivo de Ley y Justicia, convencido de que «las reformas en el sistema judicial son esenciales para cambiar el país».
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, vinculado al partido del Gobierno, anunció este lunes de manera inesperada que vetará dos de las tres leyes del paquete de reforma de la Justicia impulsado por el Ejecutivo, las referidas al Tribunal Supremo y al máximo órgano de gobierno de los jueces.
Su decisión llegó después de que, durante días, miles de ciudadanos se manifestaran en las calles contra unas reformas que, según la oposición, amenazan la división de poderes, y después de que la CE abriera la puerta a activar el artículo 7 de los tratados europeos, que implicaría la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la UE.
En una conferencia de prensa en Bruselas, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, no se ha pronunciado sobre si el veto ha hecho cambiar la posición del Ejecutivo comunitario y emplazó a esperar a la decisión de este miércoles, cuando se analizará con información actualizada qué pasos deben darse.
La primera ministra polaca, Beata Szydlo, ha afirmado que el Ejecutivo no puede «ceder ni a la presión de la calle ni del extranjero» y recordó que su partido, Ley y Justicia, tiene una mayoría estable y cumplirá su programa.
Szydlo ha admitido que el veto del presidente a dos de las leyes aprobadas por el Parlamento va a «ralentizar» el ritmo de las reformas.
Duda ha ratificado la tercera ley en cuestión, que reforma el funcionamiento de los tribunales regionales y de apelación y permite al ministro de Justicia, quien también es fiscal general, el nombramiento y cese de magistrados.
El Gobierno sostiene que la reforma permitirá una Justicia más eficiente.
En cuanto a los dos proyectos vetados, el presidente polaco presentará sus propuestas alternativas en los próximos dos meses para volver a someterlas a tramitación parlamentaria.
El presidente del Parlamento, Marek Kuchinski, ha informado a través de su cuenta en una red social de que la cámara no celebrará ninguna sesión extraordinaria y de que la actividad se reanudará el 13 de septiembre, tras las vacaciones estivales.
La mayoría de la oposición (Plataforma Ciudadana, Nowoczesna y Partido Campesino) se han unido para encarar juntos el proceso de reforma judicial y han nombrado un equipo con representantes de los tres partidos para elaborar sus propuestas ante el futuro debate.
Medios polacos habían especulado con que el Parlamento podía reunirse la próxima semana para abordar la reforma judicial y las recomendaciones del presidente tras su veto.
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