El Gobierno belga ha decidido endurecer su política migratoria en el ámbito penal ante una situación límite: sus cárceles están desbordadas y casi la mitad de los reclusos son extranjeros. Como respuesta, el Ejecutivo ha aprobado un plan para acelerar la deportación de inmigrantes ilegales encarcelados.
La medida, impulsada por la ministra de Migración, Anneleen Van Bossuyt, permitirá iniciar los procedimientos de expulsión mucho antes de lo habitual. Hasta ahora, estos trámites podían comenzar seis meses antes del final de la condena; con la nueva normativa, se adelantan hasta doce meses o incluso antes si el preso ha cumplido un tercio de la pena y dispone de la documentación necesaria.
El objetivo es claro: vaciar las cárceles de delincuentes en situación ilegal y reducir la presión sobre un sistema penitenciario al borde del colapso. Según los datos oficiales, Bélgica cuenta con más de 13.000 reclusos para una capacidad de apenas 11.000 plazas. Dentro de ese total, los extranjeros representan el 43,8% de la población penitenciaria, y casi un tercio de todos los presos se encuentra en situación irregular.
En cifras absolutas, hay alrededor de 4.400 inmigrantes sin papeles encarcelados en el país, de los cuales una parte significativa ya ha sido condenada por delitos. El Gobierno calcula que al menos 250 de estos presos podrían ser expulsados en el corto plazo bajo el nuevo sistema, que además contempla la prohibición de regreso al territorio belga para quienes sean deportados.
La medida forma parte de un giro más amplio en la política migratoria del país. En 2025, las repatriaciones de delincuentes ilegales desde prisión aumentaron un 25%, alcanzando su nivel más alto en siete años. Paralelamente, el Ejecutivo planea ampliar la red de centros de internamiento con la construcción de cuatro nuevas instalaciones en Steenokkerzeel, Jumet, Jabbeke y Zandvliet, que añadirán unas 400 plazas adicionales.
