El Gobierno belga prepara una legislación que permitiría nacionalizar por la fuerza las centrales nucleares del país si fracasan las negociaciones con la multinacional energética francesa Engie. El Ejecutivo pretende recuperar el control de sus instalaciones atómicas y garantizar el suministro eléctrico después de décadas de políticas destinadas al abandono de la energía nuclear.
Según informa Brussels Signal, citando a los periódicos belgas De Tijd y L’Echo, el primer ministro ha ordenado elaborar los textos legales necesarios para proceder a la expropiación si ambas partes no alcanzan un acuerdo antes del próximo 4 de noviembre.
La propuesta permitiría al Estado establecer unilateralmente el método para calcular la indemnización correspondiente a Engie. La compañía podría recurrir posteriormente ante los tribunales, aunque el Ejecutivo tendría la posibilidad de continuar con sus planes de prolongación de la vida útil de los reactores mientras se resuelve el litigio.
El Gobierno quiere recuperar los siete reactores nucleares del país
Las negociaciones comenzaron en abril, cuando Bélgica y Engie firmaron una carta de intenciones para estudiar la adquisición estatal de todas las actividades nucleares de la multinacional francesa. La operación comprendería los siete reactores situados en las centrales de Doel y Tihange, además de sus trabajadores, filiales, instalaciones y obligaciones relacionadas con el desmantelamiento.
El plazo inicial para alcanzar un acuerdo vencía el pasado 1 de octubre, pero ambas partes decidieron ampliarlo hasta el 4 de noviembre ante la complejidad de las negociaciones. El principal obstáculo es económico. El desmantelamiento de las instalaciones podría costar entre 11.000 y 12.000 millones de euros, mientras que Engie ha provisionado aproximadamente 8.700 millones para afrontar estas obligaciones, según las cifras recogidas por el periódico.
La compañía francesa se resiste a asumir compromisos adicionales y lleva años orientando su estrategia empresarial hacia las energías renovables, las redes eléctricas y otros activos con rentabilidades más previsibles.
De Wever califica el abandono nuclear como «la estupidez del siglo»
La iniciativa supone un cambio radical respecto a la política energética que Bélgica mantuvo durante más de dos décadas. En 2003, el país aprobó una legislación que establecía el cierre progresivo de sus centrales nucleares, impulsada por la participación de los partidos ecologistas en el Gobierno. Sin embargo, la actual coalición de centroderecha derogó esa normativa en mayo de 2025 y anunció su intención de recuperar la energía nuclear como uno de los pilares de la seguridad energética nacional.
El propio De Wever calificó la política de abandono nuclear como «la estupidez del siglo», al considerar que había incrementado la vulnerabilidad económica e industrial de Bélgica. Actualmente, sólo dos reactores, Doel 4 y Tihange 3, permanecen operativos, con una capacidad conjunta aproximada de dos gigavatios.
El Gobierno pretende prolongar su funcionamiento hasta 2045, diez años más de lo previsto, además de estudiar la reactivación de otras unidades clausuradas y la construcción de nuevos reactores. El objetivo declarado es alcanzar una capacidad nuclear de cuatro gigavatios y reducir la dependencia de fuentes energéticas más caras o sujetas a las fluctuaciones de los mercados internacionales.
La soberanía energética vuelve al centro del debate europeo
El Ejecutivo belga considera que disponer de energía nuclear estable y competitiva constituye una condición necesaria para proteger su industria y evitar una mayor pérdida de competitividad. Un estudio de la Oficina Federal de Planificación de Bélgica publicado en septiembre de 2025 identificó los escenarios que mantienen la energía nuclear entre las alternativas de menor coste para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
No obstante, la posible nacionalización plantea importantes interrogantes jurídicos y presupuestarios, especialmente por las indemnizaciones a Engie y los gastos futuros de mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones. Los partidos ecologistas ya han criticado la operación por considerar que podría comprometer miles de millones de euros de recursos públicos.
Bélgica se dispone así a dar un paso decisivo en su estrategia energética: recuperar el control nacional de sus centrales nucleares, incluso mediante una expropiación, después de años de políticas que contemplaban su cierre definitivo.
