Bruselas eleva la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez por su política de inmigración. Tras las advertencias por la regularización masiva de inmigrantes ilegales, la Comisión Europea ha abierto ahora un expediente a España por no incorporar a su legislación las normas comunitarias sobre la acogida de solicitantes de asilo y protección internacional.

El procedimiento afecta a la Directiva 2024/1346, aprobada en mayo de 2024 como parte del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. La norma entró en vigor en junio de aquel año y los Estados miembros debían comunicar a Bruselas su transposición antes del vencimiento del plazo establecido.

España no ha notificado la adopción de las medidas necesarias. Por ello, la Comisión ha enviado al Ejecutivo socialista una carta de emplazamiento, el primer paso de un procedimiento de infracción que puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el incumplimiento persiste.

El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas. Si sus explicaciones no convencen a Bruselas, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado y avanzar hacia la vía judicial.

La directiva busca armonizar las condiciones de acogida de quienes solicitan protección internacional dentro de la Unión Europea. Entre otros aspectos, regula el acceso a la asistencia sanitaria, la educación y el mercado laboral, así como la información que deben recibir los solicitantes sobre sus derechos y obligaciones.

La norma también concede cierto margen a los Estados miembros para organizar sus propios sistemas y permite el internamiento en determinados supuestos, siempre que no tenga carácter punitivo y se respeten las garantías previstas por la legislación comunitaria.

«La transposición plena de la directiva es esencial para garantizar la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema de inmigración y asilo», ha señalado la Comisión Europea.

El expediente se conoce en plena polémica por la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Sánchez. El proceso ha recibido más de un millón de solicitudes, una cifra que duplica ampliamente las previsiones iniciales del Ejecutivo.

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ya había advertido de que los permisos concedidos por España sólo tienen validez dentro del territorio nacional y no pueden convertirse en una vía automática de acceso al resto del espacio comunitario. Varios países europeos han expresado su inquietud ante los posibles efectos de la medida sobre la movilidad interna.

Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2025, la Oficina de Asilo y Refugio resolvió 160.951 expedientes de protección internacional. De ellos, 7.838 terminaron con la concesión del estatuto de refugiado y otros 10.103 con protección subsidiaria. En conjunto, el 11,2% de las resoluciones reconocieron alguna de estas dos formas de protección, una de las proporciones más bajas de la Unión Europea.