Informes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR) sobre protección internacional en España, a los que ha tenido acceso LA GACETA, revelan que a 31 de mayo del presente año seguían pendientes de resolución un total de 250.625 solicitudes de asilo y protección internacional en nuestro país.
Según los datos oficiales de Eurostat correspondientes a marzo, esta cifra sitúa a España como el segundo Estado miembro de la UE con mayor número de expedientes pendientes, sólo por detrás de Alemania (283.900) y por delante de Italia (233.785) y Francia (148.585).
El total de solicitudes pendientes en toda la Unión Europea asciende a casi 1,19 millones. España concentra por sí sola más del 21% de todo el atasco europeo, una proporción desproporcionada que evidencia el enorme peso que nuestro país soporta como principal puerta de entrada de la inmigración ilegal hacia Europa.
En los cinco primeros meses del año se registraron 50.285 nuevas solicitudes de asilo en España, un 22%menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, esta reducción no ha servido para desatascar un sistema que ya arrastraba un enorme retraso estructural. La tasa global de reconocimiento se mantiene en torno al 20%, lo que significa que la inmensa mayoría de estos expedientes acabarán siendo denegados, pero mientras tanto sus titulares permanecen en España con documentación provisional durante años.
Las solicitudes se concentran en un grupo de nacionalidades. Venezuela lidera con 29.244 peticiones (el 58% del total), seguida de Mali (7.293, el 15%), Colombia, Marruecos, Nicaragua y Perú. Muchas de estas nacionalidades presentan tasas de reconocimiento muy bajas (Venezuela 0,5%, Perú 1%, Marruecos 6%), lo que confirma que miles de inmigrantes ilegales que acceden por vía marítima, terrestre o aérea utilizan la solicitud de asilo en presunto fraude de ley para así regularizar su situación a futuro y evitar con ello la devolución inmediata.
El 92% de las solicitudes se presentan ya en el interior del país y no en los puestos fronterizos. Madrid concentra el 30% de los expedientes pendientes (14.570), seguida de Barcelona, Almería, Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Ceuta aparece con más de 1.000 expedientes.
Fuentes de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA coinciden en que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) está completamente desbordada. El volumen de solicitudes derivado de la inmigración ilegal descontrolada de los últimos años ha superado con creces la capacidad de resolución del organismo. Aunque en 2025 se alcanzaron cifras récord de resoluciones, el ritmo de entrada sigue alimentando un stock de cientos de miles de expedientes abiertos. En la práctica, esto se traduce en que miles de inmigrantes ilegales que acceden a España obtienen de forma casi automática una documentación provisional al presentar la solicitud de asilo. Los requisitos para iniciar el procedimiento son mínimos y, según las mismas fuentes policiales, en muchos casos basta con alegar una persecución genérica cuya veracidad resulta muy difícil de contrastar en origen.
El resultado es un efecto llamada reforzado y un limbo administrativo permanente. La perspectiva de poder permanecer en España durante años mientras se tramita el expediente actúa como incentivo para quienes ya han entrado de forma irregular o planean hacerlo.
Mientras el Ministerio del Interior destaca el descenso del 22% en las nuevas solicitudes como una mejora, la realidad que muestran los datos de UNHCR y Eurostat es que España mantiene uno de los mayores colapsos del sistema de asilo de toda Europa. Con más de un cuarto de millón de expedientes pendientes —la segunda cifra más alta de la Unión Europea—, la entrada masiva de inmigrantes ilegales ha convertido la Oficina de Asilo y Refugio en un cuello de botella estructural que satura recursos públicos, dificulta cualquier control efectivo y genera un limbo de años para cientos de miles de de inmigrantes ilegales.
