La Unión Europea (UE) anunció este lunes 23 de marzo la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio con Mercosur a partir del 1 de mayo, a pesar de que su legalidad sigue bajo examen en el Tribunal de Justicia de la UE. La decisión, impulsada por la Comisión Europea, confirma la voluntad de Bruselas de sacar adelante el pacto pese a la oposición política y social en varios Estados miembros.

El acuerdo contempla la eliminación de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, lo que facilitará la entrada de productos agrícolas procedentes de países como Brasil o Argentina. Esta apertura ha sido denunciada de forma reiterada por el sector primario europeo, que alerta de una competencia desleal por las diferencias en exigencias sanitarias, laborales y medioambientales.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha defendió la medida y afirmó: «Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave». También aseguró que el acuerdo generará nuevas oportunidades de crecimiento y empleo para los exportadores europeos.

Sin embargo, el impulso al pacto ha intensificado el choque político en Europa. VOX y el grupo en el que se integra en el Parlamento Europeo, Patriotas por Europa, han rechazado de forma frontal el pacto, al considerar que perjudica gravemente al campo y favorece la entrada de productos de terceros países sin las mismas garantías. Estas formaciones también respaldaron que el acuerdo fuese remitido al Tribunal de Justicia de la UE para analizar su legalidad.

En cambio, el Partido Popular no sólo se ha mostrado favorable al acuerdo, sino que también rechazó su envío al Tribunal de Justicia, alineándose con la estrategia de Bruselas de acelerar su aplicación. Esta posición ha generado críticas desde el ámbito agrario, que denuncia la falta de defensa del sector ante un pacto que consideran lesivo para los productores nacionales.

La entrada en vigor provisional se produce tras la ratificación de Paraguay, que se suma a Argentina, Brasil y Uruguay. La Comisión Europea sostiene que esta aplicación anticipada permitirá eliminar aranceles desde el primer día y ofrecer seguridad jurídica a empresas e inversores.

Aun así, el acuerdo sigue pendiente de la aprobación definitiva del Parlamento Europeo y del pronunciamiento del TJUE, lo que mantiene abierto un frente institucional mientras ya comienza a desplegarse en la práctica.

El movimiento de Bruselas agrava la fractura con el campo europeo, que lleva meses alertando de que este acuerdo puede tener consecuencias «mortales» sobre su competitividad y su supervivencia.