Una nueva medida adoptada por la Comisión Europea ha puesto en jaque a los agricultores. A la ya excesiva regulación que sufren a consecuencia del Pacto Verde Europeo, Bruselas quiere obligar a los estados miembros a analizar todas las tierras de sus respectivos territorios nacionales para que «todos los suelos estén en buen estado de salud de aquí a 2050», según recoge la Directiva de Vigilancia del Suelo.
El texto normativo exige que cada país miembro identifique posibles zonas contaminadas y las registre en una base de datos pública. Una vez detectado un terreno con indicios de degradación, se deberá estudiar el caso y actuar si se concluye que hay peligros considerables para la salud pública o el entorno natural. Esta iniciativa ha despertado una profunda inquietud entre los sectores agrícola y forestal, que temen una oleada de nuevas restricciones e inspecciones.
Las asociaciones de agricultores de una decena de países europeos —incluidos España, Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia o Suecia— han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su rechazo a esta normativa aún en proceso de negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Denuncian que, lejos de simplificar, la medida añade una carga burocrática injusta a los productores, en abierta contradicción con las promesas de competitividad y reducción de trámites lanzadas por Ursula von der Leyen.
Uno de los puntos que más alarma ha generado es la falta de claridad sobre los parámetros que Bruselas pretende usar para calificar los suelos. Las organizaciones agrarias insisten en que no se ha explicado qué metodología se aplicará ni qué umbrales determinarán si una tierra está en «buen estado». En consecuencia, temen consecuencias graves si los resultados no se ajustan a los estándares fijados por la UE.
Desde Asaja y otras entidades agrícolas, se alerta de que, si una parcela no supera los criterios comunitarios, se podrían imponer prohibiciones en el uso de fertilizantes o en el tipo de cultivo permitido, sin ofrecer compensaciones ni valorar las particularidades de cada explotación. «No tiene ningún sentido imponer estas limitaciones justo ahora, con la situación crítica que atravesamos2, advierten.
A pesar de las críticas, la Comisión justifica la directiva alegando que más del 60% de los suelos en la Unión Europea están deteriorados debido a décadas de prácticas insostenibles, contaminación y agotamiento del terreno. La propuesta pretende revertir esa tendencia y alcanzar una recuperación completa del suelo en los próximos 25 años.
