Este martes, la Comisión de Asuntos Jurídicos debatirá a puerta cerrada el caso del opositor húngaro Péter Magyar, eurodiputado y líder del partido Tisza, acusado de varios delitos en Hungría, pero protegido en Bruselas como si fuera un activo estratégico contra Viktor Orbán.
Desde hace más de un año pesan sobre Magyar tres solicitudes para suspender su inmunidad parlamentaria: la primera por un altercado en un club nocturno de Budapest en 2024, cuando arrebató un móvil a un ciudadano y lo lanzó al Danubio; la segunda por una demanda de difamación presentada por un político de Fidesz; y la tercera por una querella interpuesta por el movimiento patriota Mi Hazánk.
Todas ellas descansan en el despacho de Roberta Metsola hace más de un año, presidenta del Parlamento Europeo, sin que hasta ahora se haya dado curso al procedimiento. La causa recayó en el polaco Krzysztof Śmiszek, antiguo viceministro del gobierno de Donald Tusk y conocido activista LGBT, quien según los conservadores húngaros ha retrasado deliberadamente el expediente para blindar a Magyar.
El contraste con el trato que reciben los eurodiputados de derechas es evidente: a representantes como el polaco Patryk Jaki o el alemán Petr Bystron se les retiró la inmunidad con una rapidez fulminante. Para Fidesz, partido político de Víktor Orbán, el mensaje es claro: Bruselas protege a quien sirve a sus intereses y persigue sin contemplaciones a quienes desafían el consenso globalista. El eurodiputado húngaro Tamás Deutsch lo resumió sin rodeos: «Magyar es un hombre capturado, obediente a sus mentores y manipuladores de Bruselas».
