La Comisión Europea ha decidido llevar a Chequia, España, Chipre, Polonia y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no designar ni habilitar un Coordinador de Servicios Digitales (DSC) nacional, tal como exige la Ley de Servicios Digitales (DSA), el nuevo marco normativo que regula el funcionamiento de plataformas online en Bruselas.
A pesar de que el Reglamento 2022/2065 —conocido como DSA, por sus siglas en inglés— establecía como fecha límite el 17 de febrero de 2024 para que los Estados miembros designaran una autoridad nacional competente y la dotaran de los poderes necesarios para supervisar e implementar la ley, estos cinco países han incumplido total o parcialmente sus obligaciones.
En el caso de Polonia, ni siquiera se ha nombrado al coordinador nacional, lo que supone una falta de base institucional para aplicar la normativa. Por su parte, Chequia, Chipre, España y Portugal sí han designado una autoridad, pero no le han concedido las competencias necesarias para ejercer su labor de vigilancia y control sobre los servicios digitales. Además, ninguno de los cinco Estados ha aprobado aún el régimen sancionador aplicable a las infracciones de la DSA.
Estos Coordinadores de Servicios Digitales (DSC) son piezas clave para «garantizar una aplicación uniforme de la legislación en toda la UE». Trabajan en estrecha colaboración con la Comisión Europea y tienen como misión supervisar plataformas digitales, combatir lo que consideren «contenidos ilícitos» y «proteger los derechos fundamentales de los usuarios» en el entorno digital.
Bruselas ya había iniciado procedimientos de infracción contra estos países en 2024, comenzando con cartas de emplazamiento: el 24 de abril a Chequia, Chipre, Polonia y Portugal, y el 25 de julio a España. Posteriormente, se enviaron dictámenes motivados —la segunda fase del procedimiento— el 3 de octubre para Chequia, Chipre y Portugal, y el 16 de diciembre para España y Polonia. Al no haberse producido avances suficientes, la Comisión ha decidido escalar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Ley de Servicios Digitales establece obligaciones para empresas que operan plataformas en línea, desde redes sociales hasta tiendas de aplicaciones, y, según dice, busca «asegurar un entorno más seguro, transparente y justo en Internet». El incumplimiento por parte de estos cinco Estados no sólo obstaculiza la aplicación efectiva del reglamento, sino que también debilita la capacidad de la UE para ejercer control sobre los gigantes tecnológicos y proteger a los ciudadanos europeos frente a abusos digitales.