La Comisión Europea ha decidido excluir de toda financiación a la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa (FAFCE), la única ONG familiar de inspiración cristiana con presencia formal en Bruselas, alegando que sus proyectos «carecen de diversidad de género» y que «contravienen las disposiciones de igualdad» impuestas por la propia UE. La organización denuncia que se trata de un acto de discriminación ideológica dirigido contra quienes defienden la familia natural y el legado cultural cristiano de Europa.
FAFCE informó que los seis proyectos presentados —incluido uno dedicado íntegramente a la educación digital de menores— fueron penalizados con una reducción del 30% de la puntuación por no incluir «perspectivas de género diversas» ni mecanismos para la «no discriminación» según los parámetros ideológicos fijados por Bruselas. «Es un castigo político contra una entidad que lleva décadas promoviendo el diálogo y defendiendo la dignidad de cada persona desde la centralidad de la familia», denunció su presidente.
La decisión ha generado una reacción inmediata entre representantes del grupo Patriotas por Europa y del Gobierno húngaro. La eurodiputada Kinga Gál, vicepresidenta del grupo parlamentario, calificó la medida como «la forma más elevada de discriminación basada en la ideología de género», asegurando que Bruselas está castigando a FAFCE «simplemente por defender a la familia como núcleo esencial de la sociedad». En sus palabras, «en Bruselas, defender a la familia ya se considera un delito».
El pronunciamiento fue reforzado por la comisionada húngara Bernadett Petri, quien advirtió que la decisión demuestra «hasta qué punto Bruselas ha abandonado los valores sobre los que se construyó Europa». Recordó que ni la Unión Europea ni sus predecesoras nacieron sobre «ideologías radicales de izquierda», sino sobre una visión de la persona y de la comunidad profundamente arraigadas en la tradición cristiana. «El ‘crimen’ de FAFCE es abrazar esa herencia y defender la familia cristiana», afirmó.
FAFCE alerta de que, sin apoyo urgente, se ve obligada a recortar actividades en 2026, despedir personal y reducir su presencia en debates comunitarios. Necesita 150.000 euros para continuar los proyectos en marcha. Para muchos observadores, lo sucedido marca un nuevo episodio en la deriva ideológica de Bruselas: una ofensiva institucional contra organizaciones cristianas que sostienen la defensa de la vida, la familia y la identidad europea tradicional.
