Bruselas vuelve a retratarse. Mientras esquiva cualquier referencia directa al islamismo político, no tiene reparo en permitir que se tache de «extremistas» a quienes defienden la vida, la familia o la objeción de conciencia. El doble rasero no puede ser más evidente. Y cada vez resulta más peligroso.

La denuncia la ha dado a conocer El Debate, y su trasfondo es tan alarmante como revelador: la Comisión Europea ha evitado responder claramente a una pregunta parlamentaria sobre la infiltración islamista en sus propias estructuras, mientras acoge informes que presentan al cristianismo tradicional como una amenaza para la democracia.

La alerta la dio el eurodiputado Fabrice Leggeri, del grupo Patriotas por Europa, junto a otros 17 parlamentarios. El pasado 23 de mayo, dirigieron una pregunta formal a la vicepresidenta de la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), denunciando que funcionarios europeos estaban recibiendo formación de individuos vinculados a los Hermanos Musulmanes, como Sondos Asem, asesora del expresidente islamista egipcio Mohamed Morsi.

La base de la denuncia era sólida: un informe oficial del Gobierno francés titulado Frères musulmans et islamisme politique en France, que detalla cómo los Hermanos Musulmanes se infiltran en Europa a través de asociaciones pantalla, escuelas confesionales y financiación extranjera. Según los eurodiputados, estas redes tienen presencia real en el Parlamento y la Comisión Europea mediante plataformas como FEMYSO o la Red Europea contra el Racismo.

La respuesta de la comisaria Kaja Kallas llegó casi dos meses después, el 17 de julio, y fue más que decepcionante: fue cómplice. No negó los hechos. No desmintió los vínculos. Simplemente evitó responder. Se limitó a declarar que los cursos impartidos al personal del SEAE “refuerzan las capacidades en derechos humanos, libertad religiosa y diversidad cultural”. Nada más. Ni una palabra sobre quién los imparte, cuánto cuestan, o si existe relación con el islamismo político.

Mientras tanto, la izquierda europea sí tuvo claro a quién acusar de extremismo religioso. A finales de junio, los grupos The Left, Verdes, Renew, S&D e incluso miembros del Partido Popular Europeo promovieron una sesión parlamentaria para presentar el informe «The Next Wave: How Religious Extremism Is Regaining Power«.

¿El objetivo? No era el salafismo, ni el yihadismo, ni las redes islamistas financiadas desde el Golfo. Era el cristianismo conservador. El documento, elaborado por la ONG European Parliamentary Forum on Sexual and Reproductive Rights (EPF), acusa a organizaciones provida, asociaciones cristianas, defensores de la objeción de conciencia y críticos de la educación sexual obligatoria de formar parte de «redes antigénero y antilibertad».