La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado este miércoles un informe que exige a los Estados miembros garantizar «la integridad de los derechos de los inmigrantes ilegales«, incluso cuando estos son utilizados por potencias extranjeras como herramienta de desestabilización contra las fronteras europeas.
En concreto, la FRA recuerda que el principio de no devolución —que impide expulsar a quienes llegan ilegalmente al territorio europeo— debe considerarse «absoluto» y aplicarse sin excepción, ni siquiera en escenarios de ataque híbrido, donde regímenes hostiles utilizan oleadas migratorias masivas para presionar o desestabilizar políticamente a un Estado miembro.
«El uso de inmigrantes como instrumento político no es nuevo, pero las respuestas a este problema no deben eclipsar la realidad humana», ha afirmado la directora de la agencia, Sirpa Rautio, en un comunicado oficial. El informe critica que algunas respuestas nacionales a este tipo de amenazas estén adoptando medidas de control fronterizo que, según la FRA, podrían «socavar la protección de los derechos fundamentales», incluidos el derecho al asilo y la asistencia humanitaria. La agencia advierte de que estas prácticas no pueden convertirse en un «modelo» generalizado para gestionar los flujos migratorios no autorizados.
La FRA insta a que las medidas se dirijan únicamente contra los traficantes de personas y los actores políticos que organizan estas agresiones demográficas, pero nunca contra los propios inmigrantes ilegales que las protagonizan. Además, recuerda que las ONG que los asisten deben quedar exentas de cualquier tipo de penalización o restricción, incluso si operan en contextos de entrada ilegal.
La Agencia sostiene que los Estados de la UE tienen «la obligación» de recibir y atender a todo el que cruce la frontera de forma ilegal, garantizando su acceso al sistema de asilo sin restricciones. Ni siquiera el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que otorga a los gobiernos cierto margen de maniobra en frontera, puede limitar lo que la FRA define como «derechos fundamentales intocables«.
Además, la agencia muestra su preocupación por la creciente «militarización» de las fronteras exteriores de la UE, señalando que el uso de fuerzas armadas para contener flujos ilegales podría «difuminar los límites» entre defensa legítima y violación del Derecho europeo. Toda respuesta debe estar subordinada a la Carta de Derechos Fundamentales, advierte el documento.
