La Unión Europea (UE) ha destinado más de 221 millones de euros de fondos públicos para impulsar una agenda radical de «identidad de género» que atenta contra los derechos de las mujeres, la protección de la infancia y la soberanía de los Estados miembros, según un informe de la investigadora Ashley Frawley para MCC Brussels.
El documento expone que, de esta cifra, al menos 40,5 millones de euros fueron canalizados directamente hacia los grupos de presión transgénero más extremos, cuyos intereses han influido en la elaboración de legislación clave dentro de la UE.
Activismo en las sombras y presión política
El informe denuncia que estas organizaciones han llevado a cabo un lobby secreto en las instituciones europeas para imponer su ideología de género. En particular, la ONG ILGA-Europe instó a los eurodiputados a trabajar «fuera del ojo público» para asegurar la aprobación de políticas favorables a la autodeterminación de género sin someterlas al escrutinio democrático.
Esta estrategia parece haber dado sus frutos: más de 1.000 candidatos al Parlamento Europeo firmaron un compromiso para apoyar estas políticas sin transparencia ni consulta ciudadana.
Políticas radicales que amenazan la infancia y la familia
Las ONG beneficiadas con estos fondos han impulsado medidas que normalizan la autodeterminación de género sin restricciones de edad, facilitando que menores puedan someterse a tratamientos hormonales y cirugías sin el consentimiento de sus padres.
Además, se ha documentado que, en varios Estados miembros, las escuelas ocultan la transición de género de los niños a sus progenitores bajo el pretexto de proteger «derechos trans», un hecho que atenta contra la patria potestad y la soberanía familiar.
Uno de los proyectos más controvertidos en esta agenda es el Certificado de Parentalidad de la UE, que obligaría a todos los Estados miembros a reconocer las definiciones de paternidad impuestas desde Bruselas, sin importar si contradicen sus legislaciones nacionales.
Este mecanismo representa un paso más en la injerencia de la UE en los asuntos internos de los países, debilitando su capacidad para legislar en cuestiones fundamentales como el concepto de familia y la protección de los menores.
Financiación millonaria sin control democrático
El estudio revela que una sola organización, ILGA-Europe, recibió 64,95 millones de euros en financiación de la UE, lo que le ha permitido consolidar su influencia en la toma de decisiones políticas sin un verdadero debate democrático.
Además, los fondos de investigación de la UE se han convertido en una herramienta de adoctrinamiento, destinando millones a proyectos ideológicos como «Desafiar el binarismo de género» o «MEN4DEM», que criminalizan la masculinidad tradicional y la presentan como un peligro para la democracia.
La imposición de la agenda trans en la UE también ha tenido consecuencias directas en los derechos de las mujeres. La sustitución del concepto «violencia contra la mujer» por «violencia de género» ha diluido las protecciones específicas para mujeres biológicas, mientras que la autodeterminación de género pone en riesgo la existencia de espacios exclusivos para mujeres y la equidad en el deporte femenino.
Frente a este escenario, el director ejecutivo de MCC Brussels, Frank Furedi, ha alertado sobre la «corrupción de los procesos políticos» dentro de la UE y ha exigido una auditoría total de la distribución de fondos europeos para frenar la financiación encubierta de agendas ideológicas.
