La Comisión Europea presentó este martes el informe «Pescadores del Futuro», un estudio que analiza los posibles escenarios para la pesca en la Unión Europea hasta 2050. Este documento refleja la influencia de las políticas globalistas y de la transición verde en la industria pesquera, con implicaciones directas para las comunidades costeras de Europa. Las conclusiones se debatirán el 14 de enero en una conferencia en Bruselas en la que se decidirá el rumbo del sector.
El estudio, basado en consultas con pescadores y representantes de 22 Estados miembros, se centró en identificar «los retos y oportunidades del sector a largo plazo». Según Costas Kadis, comisario de Pesca y Océanos, «para garantizar la viabilidad del sector será necesario proporcionar recursos e incentivos adaptados a la transición verde». Esto ha generado críticas entre los pescadores tradicionales, quienes temen que las normativas impuestas por Bruselas ignoren sus necesidades y favorezcan a las grandes corporaciones del sector.
El informe plantea cuatro posibles escenarios para el futuro de la pesca en Europa, todos condicionados «por el cambio climático, la presión normativa y la dependencia de tecnologías avanzadas», mientras los pescadores de pequeña escala están amenazados y su supervivencia dependerá de su capacidad para «adaptarse» a un modelo que prioriza los objetivos globalistas antes que sus problemas reales.
La transición verde impone altos costes a los pescadores. La implementación de flotas sostenibles, de sistemas de trazabilidad y de tecnologías para reducir emisiones requiere inversiones que las pequeñas empresas pesqueras no pueden afrontar. Esto está generando una creciente concentración de poder en manos de grandes actores del sector, lo que pone en riesgo la independencia de las comunidades pesqueras.
Además, el informe destaca cómo la competencia por el espacio marítimo, impulsada por el auge de las energías renovables y la acuicultura industrial, está desplazando a los pescadores tradicionales. Estas actividades, a menudo subvencionadas por Bruselas, relegan a la pesca tradicional a un papel secundario, minando su capacidad para contribuir a la soberanía alimentaria de Europa.
