La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, y lo que muchos esperaban como una mera actualización presupuestaria se ha revelado como una ofensiva total contra la soberanía nacional, los agricultores europeos y los gobiernos que se resisten al dogma ideológico de Bruselas.
Con Ursula von der Leyen a la cabeza, el Ejecutivo comunitario propone un incremento sin precedentes del presupuesto europeo: de 1,2 a 2 billones de euros. Pero no se trata solo de dinero, sino de control. Se prevé la sustitución de los fondos directos por un mecanismo llamado Planes de Asociación Nacional y Regional (NRPP), una suerte de «caja común» por país que fusiona fondos agrícolas, de cohesión, sociales, de seguridad y hasta de gestión migratoria.
La reforma implica un hachazo del 30% a los fondos de cohesión para las regiones más pobres y otro 25% a las subvenciones agrícolas de la PAC, lo que equivale a 100.000 millones menos para el campo europeo. Justo lo que se destinará a un fondo paralelo para Ucrania a partir de 2028. La coincidencia no ha pasado desapercibida para líderes como Viktor Orbán, que denunció un «juego peligroso» que condena a las familias rurales de Europa para financiar a un país en guerra.
Mientras los agricultores europeos se manifestaban una vez más en Bruselas, la Comisión reservaba otros 107.000 millones para subir los sueldos de los burócratas comunitarios, y anunciaba una nueva línea de subvenciones directas para ONG, medios de comunicación y lobbies culturales bajo el nombre AgoraEU. Este fondo ideológico promoverá los «valores compartidos» de la UE: feminismo, multiculturalismo, activismo climático y agenda woke.
Desde 2028, todo euro proveniente del presupuesto podrá ser congelado si Bruselas considera que un Estado miembro viola el «Estado de Derecho». Lo que comenzó con Polonia y Hungría ahora se normaliza como mecanismo de chantaje. Incluso si se suspenden fondos estatales, la Comisión se reserva el derecho a entregarlos directamente a ONG, saltándose a los gobiernos nacionales.
Para financiar esta arquitectura federal, la Comisión plantea nuevos «recursos propios»: impuestos europeos sobre residuos eléctricos, tabaco y grandes empresas con facturación superior a 100 millones. Una medida que castiga al sector privado, incluso si no obtiene beneficios, y que alimentará aún más la fuga de inversiones fuera del continente.
Aunque 20 Estados miembros ya han expresado su rechazo a la fusión de fondos, la Comisión confía en imponer su modelo tras dos años de negociaciones. El resultado, si no hay una respuesta firme de los gobiernos nacionales, será una Europa más centralizada, más ideologizada y más alejada de sus ciudadanos.
