La maquinaria regulatoria de Bruselas vuelve a tensar al sector productivo. La nueva normativa de la Unión Europea contra la deforestación obligará a las empresas que quieran vender café en Europa a recurrir a tecnología satelital avanzada para certificar el origen de sus cultivos, según Apollo News.
La medida forma parte de la llamada normativa EUDR, impulsada por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que entrará en vigor a finales de este año para grandes compañías y en 2027 para pequeñas y medianas empresas.
El objetivo declarado es garantizar que los productos agrícolas no procedan de tierras deforestadas tras 2020. Sin embargo, su aplicación práctica está generando una fuerte inquietud en el sector.
Las empresas deberán demostrar, con precisión geográfica, que el café que comercializan no ha sido cultivado en zonas afectadas por la deforestación. En caso de incumplimiento, se enfrentan a multas de hasta el 4% de su facturación anual, además de la retirada de productos del mercado.
Ante este escenario, grandes actores de la industria han comenzado a desarrollar sistemas de vigilancia basados en satélites y modelos de inteligencia artificial. Iniciativas como la «Coffee Canopy Partnership» utilizan datos de Airbus para mapear plantaciones y detectar cambios en la cobertura forestal.
El problema es el coste y la complejidad. Aunque todavía no hay cifras definitivas, se prevé que estos sistemas supongan millones de euros anuales en inversión, una carga difícil de asumir especialmente para pequeños productores.
Además, la normativa plantea dificultades técnicas de fondo. En muchos casos, terrenos agrícolas tradicionales han sido clasificados como zonas forestales en mapas antiguos, lo que podría convertir a miles de agricultores en incumplidores sin haber deforestado realmente.
El impacto no se limita al café. La regulación se extiende a otros productos clave como cacao, soja, aceite de palma, madera o carne de vacuno, ampliando la presión sobre el conjunto del sector agrícola.
A ello se suma una exigencia adicional: las empresas deberán certificar no solo el origen ambiental del producto, sino también el cumplimiento de normativas laborales, fiscales, comerciales y anticorrupción en los países de origen, multiplicando la carga burocrática.
El resultado es un entramado normativo que, según denuncian expertos y empresas, dificulta la operativa diaria, encarece los procesos y amenaza con expulsar del mercado a productores más pequeños.
En última instancia, el coste terminará trasladándose al consumidor. Todo apunta a que esta nueva capa de regulación se traducirá en subidas de precios en productos básicos, en un contexto ya marcado por la inflación.
