La Comisión Europea plantea centralizar el control de la red energética del continente con una inversión de hasta 600.000 millones de euros en lo que venden como una apuesta histórica por la transición ecológica. Sin embargo, numerosos expertos lo ven como un paso más hacia la recentralización del poder en Bruselas y un golpe a la soberanía de los Estados miembros.
Este ambicioso proyecto, impulsado por el equipo de Ursula von der Leyen, busca remodelar por completo el entramado eléctrico de Europa. Su objetivo es unificar infraestructuras nacionales, reforzar los enlaces entre países y facilitar el despliegue masivo de energías limpias en la próxima década. La Comisión asegura que la propuesta formal se presentará antes de 2026, con la intención de dar forma a una red eléctrica «mallada», integrada a escala continental, que permitiría operar un mercado energético único desde las instituciones comunitarias.
La estrategia se sustenta en dos ejes principales: reducir las emisiones contaminantes y mejorar la autonomía energética del bloque frente a amenazas externas. Tras la invasión de Ucrania y el corte de suministros procedentes de Rusia, Bruselas redobló sus esfuerzos para recortar su dependencia de terceros países. En ese contexto, el relato oficial promueve la idea de que avanzar en energías verdes es también una forma de proteger la seguridad nacional.
No obstante, voces críticas señalan que tras ese discurso se oculta una maniobra política más que técnica. La tecnología renovable, advierten algunos especialistas, sigue enfrentando importantes limitaciones: su producción es intermitente, su almacenamiento es costoso y complejo, y su integración masiva pone en riesgo la estabilidad de los sistemas eléctricos, especialmente en ausencia de generación síncrona como la que ofrecen las centrales térmicas o nucleares.
El reciente apagón que dejó sin luz a millones de personas en España, afectando también partes de Portugal y el sur de Francia, ha servido de catalizador para este relato integrador. Desde Bruselas, varios eurodiputados han señalado que si la red ibérica estuviera mejor conectada con el resto de Europa, los efectos del fallo se habrían mitigado. Una afirmación que ha levantado suspicacias, ya que llega en plena ofensiva institucional para acelerar el plan de interconexión continental.
La pregunta que muchos se hacen es si estos apagones y fallos de sistema son realmente inevitables, o si se están utilizando como argumento de presión para avanzar en una hoja de ruta que cede más competencias a la UE a expensas de los Estados miembros. La coincidencia con el calendario político comunitario no ha pasado desapercibida.
Mientras tanto, organismos como ENTSO-e, la red de operadores de transmisión europeos, defienden la viabilidad del plan y sus supuestos beneficios. Según sus estimaciones, el refuerzo de las infraestructuras transfronterizas permitiría ahorros anuales de hasta 38.000 millones de euros, mejorando la eficiencia del sistema y reduciendo los costes para consumidores y empresas.
