La Comisión Europea ha criticado al Gobierno italiano de Giorgia Meloni por la reducción de los impuestos especiales sobre los combustibles, una medida aprobada por Roma para aliviar el impacto del encarecimiento de la energía provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Bruselas considera que la rebaja fiscal aplicada por Italia tiene un alcance excesivamente amplio y no está suficientemente dirigida a los sectores o colectivos más afectados. A juicio de la Comisión, este tipo de respuestas deben ser temporales, selectivas y compatibles con las reglas fiscales comunitarias.
El Ejecutivo italiano defiende, por el contrario, la necesidad de aplicar una mayor flexibilidad presupuestaria ante el fuerte aumento de los costes energéticos. La primera ministra, Giorgia Meloni, trasladó esta posición por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien pidió apoyo para permitir un margen de actuación más amplio a los Estados miembros.
La respuesta de Bruselas, sin embargo, no ha ido en esa dirección. La Comisión tiene previsto incluir sus advertencias en las recomendaciones específicas por país, en las que previsiblemente instará a Italia a garantizar que cualquier ayuda frente a la subida de la energía se limite a proteger a los hogares vulnerables y a las empresas con un consumo energético intensivo.
El documento comunitario también insistirá en que las medidas nacionales deben preservar los incentivos al ahorro energético. Bruselas quiere evitar que las ayudas generalizadas reduzcan la presión para contener el consumo o acaben elevando de forma excesiva el coste fiscal para los Estados.
La reducción de los impuestos especiales sobre los combustibles, actualmente en vigor en Italia, expira el 6 de junio. Tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional se oponen a este tipo de rebajas no selectivas, al considerar que benefician de manera indiscriminada a todos los consumidores y no solo a quienes más lo necesitan.
Meloni reclama un tratamiento distinto para el gasto destinado a contener la crisis energética. Su propuesta pasa por ampliar la denominada «cláusula de salvaguardia nacional», una herramienta excepcional introducida el año pasado para excluir el gasto en defensa del marco de restricciones fiscales de la Unión Europea.
El Gobierno italiano sostiene que, si Bruselas acepta flexibilizar las reglas para el gasto militar, también debería contemplar una vía similar para afrontar una crisis energética que afecta directamente a familias y empresas. Hasta ahora, sin embargo, la Comisión ha evitado respaldar esa equiparación.
La discrepancia abre un nuevo frente entre Roma y Bruselas en plena escalada de los precios de la energía. Mientras Meloni reclama margen para proteger a la economía italiana, la Comisión insiste en que las ayudas deben ser limitadas, temporales y ajustadas a los objetivos fiscales pactados dentro de la Unión Europea.
