Cuando casi parecía imposible, la Unión Europea ha sacado otra vez el talonario, esta vez con una jugosa transferencia de 7.400 millones de euros para Egipto (aprobada en marzo del año pasado), un país que se tambalea económicamente mientras hace de contención para diez millones de inmigrantes atrapados en su territorio. En una reunión en El Cairo, la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelatty, revisaron un acuerdo sellado en 2024: 1.000 millones ya entregados en diciembre. Egipto está ahora a la espera de recibir el desembolso del «segundo tramo», de un importe de 4.000 millones de euros, que aprobará el Parlamento Europeo en las próximas semanas.
Oficialmente es una inversión para estabilizar la economía egipcia y promover «rutas migratorias regulares». En la práctica, es el precio que Europa paga por subcontratar sus fronteras, una estrategia que huele a desesperación y que la deja en una posición cada vez más frágil.
Egipto no es un novato en este rol. Desde 2016, ha reducido la inmigración ilegal a través del Mediterráneo, frenando las salidas de barcos desde su costa norte hacia Italia. Sudaneses que huyen de la guerra civil, eritreos escapando de la represión y bangladesíes que aterrizan en Alejandría con visas de turista falsas antes de cruzar a Libia son solo algunos de los que Egipto contiene. Abdelatty no dudó en recordarle a Europa que este esfuerzo tiene un costo, señalando la presión de conflictos cercanos como los de Sudán y Gaza. La UE, con su discurso optimista sobre aprovechar el talento joven africano, parece convencida de que está comprando estabilidad. Pero lo que realmente está adquiriendo es una dependencia peligrosa de un tercer país que podría volverse en su contra.
Este no es un experimento nuevo para Bruselas. Según datos recientes, la UE ha destinado casi 4.000 millones de euros en los últimos cinco años a Turquía, Marruecos, Túnez y Mauritania para el mismo propósito: mantener a los inmigrantes ilegales lejos de sus costas. Turquía se llevó la mayor parte —unos 3.000 millones— por custodiar a 3,6 millones de refugiados sirios y cerrar la ruta hacia Grecia. Marruecos recibió 475 millones entre 2021 y 2023 para patrullar el Estrecho, mientras Túnez y Mauritania firmaron acuerdos similares para contener flujos desde el Sahel y el Magreb. Con los 7.400 millones a Egipto, la peligrosa hipoteca del control migratorio se cifra en más de 11.000 millones de euros, una factura que no sólo refleja el costo económico, sino el riesgo político de normalizar el chantaje como herramienta de negociación.
Porque ceder el control migratorio a terceros no es sólo una cuestión de dinero; es entregar las llaves de tu casa a un vecino que podría usarlas en tu contra. Turquía lo dejó claro en 2020, cuando, tras un roce diplomático con la UE, abrió sus fronteras y permitió que miles de inmigrantes ilegales cruzaran hacia Grecia, desbordando las islas del Egeo. Marruecos repitió la jugada en 2021, dejando pasar a más de 10.000 inmigrantes ilegales a Ceuta en 24 horas como represalia por la postura española sobre el Sáhara Occidental. Egipto, con su posición estratégica entre una Libia caótica y una Franja de Gaza al borde del colapso, tiene todas las cartas para seguir el ejemplo. «Más fondos o soltamos las riendas», podría ser el mensaje implícito cuando los 4.000 millones pendientes no lleguen a tiempo o las demandas aumenten. La historia demuestra que estos socios no dudan en apretar donde duele.
Y mientras Europa paga para que otros cierren la puerta, la crisis migratoria sólo cambia de escenario. Los bangladesíes que desembolsan miles de dólares a traficantes para volar a Egipto y luego cruzar el desierto hacia Libia no se evaporan. Los sudaneses que escapan de un conflicto que ha desplazado a millones desde 2023 encuentran en Egipto un refugio temporal, pero muchos sueñan con Europa. Incluso los gazatíes, atrapados tras la frontera de Rafah, representan una presión latente que Egipto contiene a regañadientes. La UE financia este sistema opaco, pero no lo controla, dejando que las causas de fondo sigan intactas mientras los síntomas se apilan en tierras ajenas.
La promesa de «rutas migratorias regulares» podría ser una luz al final del túnel, pero sin detalles concretos suena a propaganda barata. ¿Cuántos egipcios o africanos llegarán legalmente a Europa? Por ahora, el silencio es la única respuesta. Los más de 11.000 millones invertidos en esta estrategia —7.400 millones a Egipto y casi 4.000 millones a otros países— no son un salvavidas para la inmigración ilegal ni para Europa; son una hipoteca a largo plazo que ata a la UE a gobiernos volátiles y ambiciosos. Cada euro gastado refuerza un modelo donde el chantaje se convierte en moneda corriente, y la autonomía europea en una quimera. Bruselas puede seguir firmando cheques, pero el precio real lo pagará cuando sus socios decidan subir la apuesta.
