Han pasado cinco años desde que, en marzo de 2020, Turquía desató una crisis en la frontera con Grecia que marcó un precedente inquietante en las relaciones con Europa.
El presidente, Recep Tayyip Erdogan, en un movimiento calculado tras la escalada del conflicto en Idlib, abrió las puertas a miles de inmigrantes ilegales, permitiéndoles avanzar hacia el paso fronterizo de Pazarkule y las costas griegas. Lo que entonces se denominó una «amenaza híbrida» —la instrumentalización de flujos migratorios con fines políticos— no solo logró presionar a la Unión Europea para obtener concesiones económicas, sino que sentó las bases para una estrategia que otros países, como Marruecos y Mauritania, replicarían con éxito en los años siguientes.
En marzo de 2020, Turquía enfrentaba una situación límite: más de 3.6 millones de refugiados sirios en su territorio y una nueva ola de desplazados desde Idlib tras choques con fuerzas sirias y rusas. Erdogan, buscando apoyo financiero y político de Europa, anunció que ya no contendría a los inmigrantes en su frontera. Miles se agolparon en Pazarkule, enfrentándose a una Grecia que respondió con gases lacrimógenos y refuerzos fronterizos. La UE, temerosa de repetir la crisis de 2015, destinó 700 millones de euros en ayuda y prometió negociar con Ankara. Aunque las concesiones no fueron tan amplias como Turquía esperaba, el mensaje quedó claro: la inmigración ilegal podía ser un arma efectiva contra Europa.
Marruecos toma el relevo: Ceuta y Melilla
El ejemplo turco no pasó desapercibido. En mayo de 2021, Marruecos permitió que más de 10.000 inmigrantes ilegales cruzaran a Ceuta tras una disputa diplomática con España por la hospitalización de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Las imágenes de miles de magrebíes desplazándose hacia el enclave español recorrieron el mundo, y España respondió con despliegues militares y una ayuda de 30 millones de euros para reforzar el control fronterizo marroquí. Un año después, en junio de 2022, un intento masivo de cruzar la valla de Melilla dejó al menos 23 muertos, en un episodio que evidenció la persistencia de Rabat en usar esta táctica. Marruecos ha recibido desde entonces cientos de millones de euros de España y la UE.
El verano de 2023 trajo otra crisis que resonó en Europa: entre el 12 y el 14 de septiembre, más de 7.000 inmigrantes ilegales llegaron a la isla italiana de Lampedusa en apenas dos días, desbordando sus escasas 389 plazas de acogida. Procedentes principalmente de Túnez, estos inmigrantes —sudaneses, etíopes, somalíes y otros— aprovecharon un cuello de botella tras la tormenta Daniel, que había paralizado las presuntas operaciones de contención migratoria en Sfax. La respuesta europea fue rápida pero dividida: Ursula von der Leyen visitó la isla junto a Giorgia Meloni, prometiendo una «respuesta europea», mientras Italia endurecía sus políticas y la UE firmaba un acuerdo con Túnez por más de 700 millones de euros.
Más al sur, Mauritania emergió como otro actor en este juego geopolítico. Desde 2023, la ruta atlántica hacia las Islas Canarias ha visto un aumento exponencial de llegadas, con más de 39.000 entradas ilegales contabilizadas en 2023 y casi 47.000 en 2024, según Frontex. Las salidas desde costas mauritanas, a menudo con escasa intervención oficial, han coincidido con negociaciones que culminaron en acuerdos de la UE por 210 millones de euros en 2024 para «fortalecer la seguridad fronteriza». Sin embargo, la presión migratoria no ha disminuido, lo que sugiere una estrategia similar: permitir el flujo para luego negociar su contención a cambio de fondos.
El coste económico: casi 4.000 millones de euros en cinco años
En estos cinco años, desde el precedente turco de 2020, la Unión Europea ha destinado al menos 3.923 millones de euros para contener la presión migratoria en Turquía, Marruecos, Mauritania y Túnez. Turquía recibió 3.000 millones para gestionar refugiados sirios y fronteras; Marruecos, unos 432 millones tras las crisis de Ceuta y Melilla; Mauritania, 236 millones para frenar la ruta atlántica; y Túnez, 255 millones tras el colapso de Lampedusa en 2023. Estos fondos, enfocados en control fronterizo y cooperación, evidencian el elevado precio de la externalización migratoria europea.
Cinco años después de la crisis turca, el chantaje migratorio se ha normalizado como herramienta de presión. Turquía, Marruecos, Mauritania y Túnez han demostrado que la dependencia europea de la externalización del control migratorio les otorga una ventaja estratégica. La UE, atrapada entre la necesidad de contener flujos y las críticas por financiar regímenes cuestionables, ha desembolsado miles de millones de euros sin resolver el problema de fondo.
