A partir del año 2030, ningún propietario podrá poner su casa en el mercado si no cumple con los requisitos de eficiencia energética que ha establecido Bruselas. Las nuevas directrices marcadas por la Unión Europea establecen un mínimo obligatorio: las viviendas con una calificación energética inferior a la letra E quedarán excluidas de la compraventa y del alquiler en todo el territorio comunitario. Tres años más tarde, en 2033, este umbral se endurecerá aún más, exigiendo al menos una letra D para poder operar legalmente en el mercado inmobiliario.
Esta nueva normativa impactará con fuerza en España, donde la gran mayoría del parque de viviendas presenta calificaciones energéticas muy bajas. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las letras E, F y G son las más habituales, especialmente debido a la antigüedad de los inmuebles. Más del 80% de las viviendas construidas en nuestro país obtienen esas calificaciones, muchas de ellas edificadas antes de 1980, cuando apenas se contemplaban exigencias relacionadas con el aislamiento térmico o la eficiencia energética.
La directora general del Green Building Council España, Dolores Huerta, ya ha alertado sobre la dificultad de adaptar el parque residencial español a las nuevas exigencias. Considera que el envejecimiento generalizado de los edificios representa un reto mayúsculo, al que se añade el desconocimiento de muchos propietarios sobre el impacto que tendrá esta normativa si no se ponen en marcha reformas estructurales a tiempo.
El Certificado de Eficiencia Energética (CEE), obligatorio desde 2013 para cualquier operación de compraventa o arrendamiento, es el documento clave para evaluar el cumplimiento de estas exigencias. Este certificado clasifica la eficiencia del inmueble en una escala que va de la A (la más eficiente) a la G (la menos). Su obtención requiere la intervención de un técnico acreditado, que evaluará diversos aspectos: desde los materiales utilizados en la construcción hasta la orientación del edificio, pasando por el aislamiento térmico, el tipo de ventanas o la fecha de construcción.
Además de ser un requisito legal, contar con un buen CEE se ha convertido en un argumento de peso para los compradores e inquilinos, ya que una mejor calificación se traduce en un menor gasto en climatización. La validez del certificado es de 10 años, aunque en el caso de inmuebles con calificación G se reduce a cinco.
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones económicas importantes. Las multas por no disponer del certificado —o incluso anunciar una vivienda sin tenerlo— oscilan entre los 300 y los 6.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Por tanto, los propietarios que deseen seguir rentabilizando sus viviendas en los próximos años deberán tomar medidas cuanto antes para mejorar su eficiencia energética y adaptarse a las nuevas normas europeas.
