Los policías que esposaron a Henry Nowak cuando agonizaba tras ser apuñalado por un inmigrante indio respondieron a una falsa acusación de agresión racista, priorizando el miedo a ser acusados de discriminación sobre la atención inmediata a la víctima. El joven de 18 años, estudiante británico-polaco de la Universidad de Southampton, fue atacado con un cuchillo la noche del 3 de diciembre de 2025 en Southampton. Las imágenes de las cámaras corporales de los agentes de la Policía de Hampshire y la Isla de Wight, difundidas recientemente tras la condena a cadena perpetua del agresor Vickrum Digwa, muestran a Nowak repitiendo «me han apuñalado» y «no puedo respirar» mientras yacía en el suelo con múltiples heridas mortales. En lugar de prestarle auxilio inmediato, los oficiales lo esposaron durante más de un minuto, creyendo la versión del atacante.
Este caso ha desatado una ola de indignación nacional en Reino Unido por lo que muchos denominan «policía de dos niveles», donde las acusaciones de racismo parecen condicionar la respuesta policial. Digwa, de 23 años, mintió a los agentes alegando que Nowak lo había atacado por motivos raciales. Sólo después de comprobar las heridas los policías le quitaron las esposas y comenzaron maniobras de reanimación, pero ya era demasiado tarde: Nowak murió desangrado en el lugar. La familia de la víctima y políticos de la oposición han exigido explicaciones, mientras el primer ministro Keir Starmer admitió que las imágenes le provocaron «náuseas» y anunció una investigación exhaustiva de la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC).
Lo más controvertido es que los agentes involucrados pertenecen a una fuerza que, meses antes del incidente, había obligado a sus 6.250 oficiales y empleados a realizar un curso de formación DEI titulado «Inclusion Matters», desarrollado en colaboración con la Universidad de Reading. Este entrenamiento de un día completo, vinculado incluso a la progresión salarial en algunos casos, se centraba en sesgos inconscientes, privilegio blanco, racismo sistémico y la necesidad de ser «aliados» de las minorías. Fuentes internas revelan que el curso generó un clima de temor entre el personal, precisamente en un momento en que las acusaciones raciales se volvían decisivas en escenas delictivas.
Una evaluación posterior realizada por la propia Universidad de Reading, publicada por The Telegraph y The Times esta semana, confirma el impacto: aproximadamente uno de cada siete participantes (15,5%) declaró sentirse «controlado y presionado para pensar de cierta manera». Casi el 20% admitió temor a ser «rechazado por decir algo equivocado» y otro 14% temía que cualquier error se usara en su contra. Estos resultados coinciden con las críticas de exministros y analistas, que sostienen que este tipo de formación obliga a los agentes a dudar de su instinto policial cuando hay implicados de minorías étnicas, priorizando la corrección ideológica sobre la protección de la vida.
El escándalo ha puesto bajo el microscopio toda la política de diversidad de la Policía de Hampshire. Además de «Inclusion Matters», los agentes habían recibido previamente entrenamiento obligatorio sobre sesgos inconscientes y cursos de «inclusión parte dos». Políticos como Nigel Farage han señalado directamente que estos programas contribuyeron al error fatal en el caso Nowak, al crear un ambiente donde los oficiales prefirieron creer la mentira de un agresor antes que arriesgarse a una acusación de racismo. La fuerza policial ha pedido disculpas públicas y ha anunciado revisiones internas, pero la confianza ciudadana está seriamente dañada.
Mientras tanto, la investigación de la IOPC continúa y se espera un informe forense para 2027 que determine si la actuación policial aceleró la muerte de Henry Nowak. El caso ha provocado protestas en Southampton, con enfrentamientos que dejaron varios agentes heridos, y ha reavivado el debate nacional sobre el knife crime y la influencia de las ideologías DEI en las fuerzas de seguridad. Para la familia Nowak, el mensaje es claro: sus oficiales necesitaban actuar como policías, no como activistas ideológicos. El trágico final de un joven de 18 años expone, según sus críticos, los peligros de priorizar la «inclusión» sobre el sentido común y la protección de la ciudadanía.
