La Comisión Europea proyecta destinar 7.606 millones de euros a un nuevo macroprograma destinado a financiar cultura, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y proyectos vinculados a los denominados «valores europeos» entre 2028 y 2034. A precios corrientes, la cifra ascendería a unos 8.582 millones de euros.
El instrumento, bautizado como AgoraEU, agrupará bajo una misma estructura algunos de los principales mecanismos mediante los que Bruselas financia actualmente el sector cultural, audiovisual, periodístico y asociativo.
La propia Comisión establece entre sus objetivos «proteger y promover» la igualdad, la ciudadanía activa, los derechos y los valores, además de apoyar a los sectores culturales y creativos y salvaguardar la libertad artística y de los medios de comunicación. El proyecto se divide en tres grandes ramas.
La primera, Creative Europe-Culture, dispondría de unos 1.592 millones de euros destinados a actividades culturales y cooperación transfronteriza. La segunda, MEDIA+, contaría con alrededor de 2.830 millones para la industria audiovisual, los videojuegos y el apoyo al periodismo y a los medios informativos.
Pero la partida más elevada correspondería a CERV+ —Democracia, Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores—, que recibiría aproximadamente 3.184 millones de euros.
Este último apartado financiará proyectos destinados, entre otras cuestiones, a promover los derechos fundamentales, combatir la discriminación, impulsar la participación democrática, defender la igualdad y reforzar el Estado de Derecho.
Bruselas financiará a organizaciones que trabajan sobre sus propias prioridades
La arquitectura del programa vuelve a abrir el debate sobre el uso de dinero de los contribuyentes europeos para financiar entidades privadas que desarrollan campañas, actividades de incidencia política o proyectos coincidentes con las prioridades definidas desde las propias instituciones comunitarias.
La propuesta de la Comisión señala expresamente como ámbitos de actuación la sociedad civil, la participación democrática, la igualdad, la no discriminación y la defensa de los valores recogidos en los tratados europeos.
Precisamente, la financiación europea de ONG ha sido objeto de críticas durante los últimos años por el riesgo de que Bruselas termine sufragando organizaciones que posteriormente participan en debates legislativos, campañas públicas o actividades de presión relacionadas con las políticas de la propia Unión. La preocupación no procede únicamente de sectores críticos con la Comisión.
El Tribunal de Cuentas Europeo concluyó en 2025 que la información disponible sobre las ayudas concedidas por la UE a organizaciones no gubernamentales seguía siendo «fragmentada y poco fiable» y que determinadas actividades de incidencia política financiadas con dinero comunitario no estaban claramente identificadas.
Entre 2021 y 2023, las ONG recibieron alrededor de 7.400 millones de euros procedentes de distintos programas europeos, según los cálculos de los auditores comunitarios. Más de 12.000 organizaciones fueron beneficiarias de subvenciones durante ese periodo.
El Tribunal constató además que Bruselas no informaba con suficiente claridad de determinadas actividades de lobby financiadas mediante subvenciones europeas.
Los auditores también señalaron que los gestores de fondos comunitarios no realizaban búsquedas activas para determinar si las organizaciones receptoras podían estar incumpliendo los propios valores de la UE, sino que se apoyaban fundamentalmente en declaraciones realizadas por las mismas entidades beneficiarias.
Casi el doble para los programas de «derechos y valores»
El aumento presupuestario resulta especialmente significativo en la rama política y asociativa del nuevo programa. El actual programa de Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) dispone de aproximadamente 1.603 millones de euros durante el marco presupuestario 2021-2027. Su sucesor, CERV+, pasaría disponer de 3.184 millones de euros a precios constantes de 2025 durante el siguiente periodo financiero. También crecerá el dinero destinado específicamente a los medios.
La actual rama de medios de Europa Creativa dispone de alrededor de 1.404 millones de euros, mientras MEDIA+ tendría una dotación propuesta de unos 2.830 millones. Las cifras no son directamente equivalentes en todos sus conceptos, pero reflejan la ampliación prevista por Bruselas de los recursos destinados al ecosistema audiovisual y mediático europeo.
La Comisión sostiene que esta financiación permitirá proteger el pluralismo informativo, la libertad de prensa y la independencia de los medios, además de aumentar la competitividad de las industrias europeas frente a las grandes plataformas internacionales.
El debate se centra, sin embargo, en hasta qué punto una institución política debe financiar directamente a medios y asociaciones que posteriormente participan en la formación de la opinión pública o intervienen en cuestiones políticas reguladas por esa misma institución.
El presupuesto todavía no está cerrado
Los más de 7.600 millones previstos por la Comisión todavía no constituyen una cifra definitivamente aprobada. El Consejo de la UE acordó en mayo una posición negociadora parcial sobre AgoraEU, pero dejó expresamente fuera del acuerdo las cuestiones presupuestarias. El importe final dependerá de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual de la Unión para 2028-2034.
Si la propuesta sale adelante en los términos planteados, Bruselas dispondrá de uno de sus mayores instrumentos hasta la fecha para financiar durante siete años medios de comunicación, organizaciones civiles y programas relacionados con democracia, igualdad, derechos y los denominados «valores europeos», todo ello con cargo al presupuesto comunitario.
