Alemania sigue dando pasos hacia la tercermundialización con un sistema de bienestar cada vez más al límite, una desindustrialización que les ha llevado a una crisis energética sin precedentes y una inmigración masiva que ha convertido decenas de calles en intransitables. En este contexto, los datos más recientes sobre el gasto social han vuelto a encender el debate político y económico en el país.
Durante 2025, la Agencia Federal de Empleo distribuyó cerca de 47.000 millones de euros en concepto de ayudas del llamado Bürgergeld, una prestación que cubre tanto ingresos básicos como costes de vivienda y calefacción. Lo que ha generado mayor polémica es que prácticamente la mitad de ese dinero —un 46,6%— terminó en manos de personas sin nacionalidad alemana.
Este escenario ha alimentado las críticas hacia la gestión del actual sistema, especialmente desde sectores que consideran que la presión migratoria de la última década ha tensionado al máximo los recursos públicos. Informes recientes apuntan a que el aumento sostenido de llegadas desde fuera de Europa, particularmente desde 2015, está empujando al modelo social alemán hacia una situación cada vez más difícil de sostener: «El sistema de bienestar está al límite».
Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en una lectura muy distinta. El vicecanciller Lars Klingbeil defendió recientemente que la inmigración ha contribuido a reforzar el sistema de seguridad social, subrayando que, pese a la percepción extendida, su impacto ha sido positivo en términos generales.
En paralelo, el líder conservador Friedrich Merz vuelve a quedar en una posición comprometida en su intento de proyectar firmeza en materia migratoria, al coincidir estas cifras con un creciente malestar social por el uso de los recursos públicos.
Las reacciones más contundentes han llegado desde Alternativa para Alemania (AfD). Su portavoz presupuestario en el Bundestag, Michael Espendiller, reclamó una revisión profunda del gasto público, defendiendo la necesidad de aplicar recortes selectivos y una gestión más eficiente de los fondos.
En la misma línea, la diputada Nicole Hess advirtió de que el coste sanitario asociado a solicitantes de asilo se ha multiplicado por tres desde 2015. Además, señaló que el incremento habría sido aún mayor de no haberse producido procesos de naturalización acelerados dentro del sistema.
Desde estas posiciones críticas se insiste en que el problema no radica únicamente en el volumen del gasto, sino en los factores estructurales que lo impulsan. Entre ellos, destacan el peso creciente de la inmigración en los sistemas sociales y la carga adicional que, según estos sectores, recae sobre la población trabajadora alemana.
