En 2024, las fuerzas de seguridad registraron 15.521 sospechosos por delitos vinculados a las drogas en Bruselas y en cinco ciudades del centro de Flandes. De ese total, 5.879 personas, en torno al 40%, no eran ciudadanos belgas. En Amberes, casi uno de cada dos sospechosos identificados por tráfico de estupefacientes carece de nacionalidad belga, con un 49,2% de los casos, según los datos oficiales difundidos por el titular de Interior.
El desglose por municipios de la capital agrava la fotografía. En Schaerbeek, el 61,4% de los investigados por delitos relacionados con drogas no tiene pasaporte belga. En Sint-Joost-ten-Node la proporción alcanza el 57,7%, mientras que en Sint-Gillis se sitúa en el 57,1%. Se trata de cifras que evidencian un peso especialmente elevado de extranjeros en determinados distritos bruselenses.
A esta realidad se suma un fenómeno que inquieta a las autoridades: la reiteración delictiva. En Bruselas, más de un millar de sospechosos acumularon dos o más infracciones relacionadas con drogas en un solo año. En Amberes, 437 personas repitieron conducta en ese mismo periodo. Este grupo de reincidentes consolida lo que las propias autoridades describen como una economía de la droga que termina por degradar el entorno de los barrios afectados.
El incremento no se limita al perfil de los investigados. También crece el volumen global de procedimientos. El Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas ha advertido recientemente de la presión creciente sobre el sistema judicial, al constatar que los asuntos vinculados al tráfico de drogas casi se han duplicado. Las previsiones que manejan las autoridades apuntan a que el número de expedientes podría volver a duplicarse entre 2025 y 2026.
La actualización estadística, por tanto, no sólo dibuja una radiografía de los sospechosos, sino que refleja una tendencia al alza que tensiona tanto a las fuerzas de seguridad como a los tribunales en varias de las principales ciudades del país.
