Mientras el Reino Unido se enfrenta a una crisis habitacional sin precedentes, la Cruz Roja Británica sigue financiando vuelos y trámites para traer a cientos de familias extranjeras al país, en nombre de la «reunificación familiar» con refugiados a los que se les ha concedido asilo.

Según ha revelado The Telegraph, la organización benéfica sufraga los gastos de viaje de hasta 1.000 familiares al año, localiza a los parientes en sus países de origen y los asesora jurídicamente para entrar en territorio británico. Todo ello a pesar de las advertencias de las autoridades locales, que alertan de que este modelo está saturando por completo los servicios municipales, en especial la vivienda.

Sólo el año pasado, Cruz Roja cubrió el viaje de 288 familias, compuestas por 959 personas, de las cuales 702 eran menores. La organización afirma que estas cifras se han mantenido estables en los últimos años.

Se trata de una parte significativa del récord de 20.592 visados de reunificación familiar concedidos en los últimos doce meses —cinco veces más que en 2021— a hijos, esposas o parejas de refugiados ya instalados en el país.

Las condiciones que permiten este proceso son extremadamente laxas. A diferencia de otros visados, no se exige a los solicitantes demostrar ingresos, alojamiento ni conocimientos de inglés. Tampoco se impone un plazo mínimo de estancia en el país antes de poder solicitar la reunificación. Según las autoridades, es frecuente que las familias lleguen sin medios para mantenerse, y acaben derivadas a los ayuntamientos en busca de alojamiento financiado por los contribuyentes.

Un funcionario municipal ha confesado a The Telegraph que atienden hasta a dos familias al mes traídas por Cruz Roja u otras agencias. «Pagan los vuelos y nos las dejan en la puerta», ha denunciado. La situación es insostenible: «Suelen ser familias de entre cuatro y seis hijos, que tenemos que alojar en hoteles o pisos alquilados durante años, porque no hay viviendas disponibles«.

El Ministerio del Interior británico ha reconocido que el sistema está desbordado, y la actual ministra de ramo, Yvette Cooper, ha anunciado que habrá cambios legislativos. Entre las reformas que estudia el Gobierno están retrasar los plazos de reunificación, imponer requisitos lingüísticos y económicos y seguir el ejemplo de otros países europeos que restringen estas prácticas.

Desde la Asociación de Gobiernos Locales, que agrupa a los 317 ayuntamientos de Inglaterra, también han pedido una «gestión conjunta» con el Ejecutivo para evitar una crisis de personas sin hogar y un colapso del sistema social.

Según The Telegraph, los funcionarios municipales están desbordados: “Todo el mundo se escandaliza con los inmigrantes ilegales, pero un ilegal es una sola persona. Cuando Cruz Roja interviene, hablamos de una familia entera. Y la mayoría no trabaja, no habla inglés ni tiene intención de hacerlo”.

Por si fuera poco, la guía de reunificación familiar de Cruz Roja —un manual de 68 páginas— informa con claridad de que no hay que pagar tasas, ni cumplir requisitos financieros, de alojamiento o idioma, y que las familias rechazadas aún pueden apelar acogidas al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos alegando el «derecho a la vida familiar».

Mientras los ciudadanos británicos ven dispararse los precios de los alquileres, escasear las viviendas sociales y crecer la presión fiscal, casi la mitad del presupuesto de Cruz Roja proviene de donaciones particulares, y una octava parte de su gasto se destina directamente a «desplazamiento y migración».