La semana pasada, la ministra del Interior británica, Yvette Cooper, defendió en el programa Today de la BBC el nuevo plan gubernamental «uno entra, uno sale» para deportar a los inmigrantes ilegales a Francia. Según Cooper, es «el principio correcto» que las personas que llegan en pateras sean devueltas a su país de origen.

El presentador Amol Rajan le recordó que, un año después de asumir el poder, las cifras de inmigrantes ilegales en el país no han bajado, sino que están aumentando, y le preguntó si fijar un objetivo concreto de devoluciones ayudaría a ganarse el apoyo público. La escena refleja cómo ha cambiado el consenso político en el Reino Unido: ni la ministra laborista ni el periodista cuestionaron que los ilegales deban ser deportados, sólo discutieron cuántos y con qué rapidez.

Hace diez años, en plena crisis de refugiados sirios, el tono era muy distinto. En 2015, Cooper, como ministra del Interior en la sombra, reclamaba en el Parlamento un mayor compromiso con la acogida de refugiados. Ese mismo año, Rajan criticaba en prensa la «histeria» contra los extranjeros y calificaba de «inhumano» el sistema de asilo.

El debate se ha desplazado de forma notable. Lo que antes era territorio de figuras como Nigel Farage ahora forma parte del discurso habitual. Incluso The Economist ha defendido derogar la Convención de la ONU sobre Refugiados para liberarse de las obligaciones actuales con los solicitantes de asilo. Encuestas recientes indican que la mitad de los británicos considera que la inmigración en la última década ha sido negativa, el doble que hace tres años.

Este cambio no es exclusivo del Reino Unido. Alemania, Austria, Polonia o Suecia han reintroducido controles fronterizos, y países como Francia están endureciendo sus políticas migratorias. En el caso británico, la llegada de más de 25.000 personas en patera sólo este año —un récord— ha incrementado la presión política.

Expertos como Sunder Katwala, director de British Future, señalan que la imagen de embarcaciones llegando a las costas británicas está provocando una reacción especialmente fuerte, por el valor simbólico del Canal de la Mancha como «foso» protector.

Las raíces del problema se remontan a decisiones como la de Tony Blair en 2004, cuando el Reino Unido no aplicó restricciones temporales a los inmigrantes de Europa del Este, estimando erróneamente que llegarían 13.000 al año. En cuatro años fueron casi medio millón. Desde entonces, la inmigración neta se ha mantenido en torno a 250.000 personas anuales, con picos como los 906.000 de 2023 tras la liberalización de visados impulsada por Boris Johnson.

Aunque el Gobierno prevé que la inmigración legal baje este año a unas 350.000 personas, la migración ilegal sigue al alza y las imágenes de cruces diarios del Canal alimentan la percepción de falta de control. Según YouGov, el 56% de los británicos considera que inmigración y asilo son el principal problema del país, por encima incluso de la economía.

Analistas como Katwala creen que, si el plan con Francia funciona y se extiende a otros países europeos, el Gobierno podría recuperar parte del control político del debate. Pero el reto, advierten, está en convencer a una opinión pública cada vez más escéptica de que ese control es real.