Una investigación encubierta de la BBC ha sacado a la luz una práctica sistemática de fraude en el sistema de asilo británico: asesores legales y activistas estarían cobrando miles de euros a inmigrantes para construir relatos falsos de persecución por orientación sexual con el fin de obtener protección internacional.

El reportaje revela la existencia de una red informal de intermediarios —incluyendo despachos de abogados y supuestos «asesores»— que instruyen a solicitantes, en su mayoría procedentes de países como Pakistán o Bangladesh, para fingir ser homosexuales y así acceder al sistema de asilo del Reino Unido.

Los periodistas, haciéndose pasar por inmigrantes con visados a punto de expirar, recibieron instrucciones detalladas sobre cómo fabricar pruebas: desde acudir a discotecas homosexuales para tomar fotografías hasta obtener cartas de organizaciones LGBT o incluso informes médicos simulando depresión o enfermedades como el VIH.

En uno de los casos documentados, una asesora ofrecía un «paquete completo» por unos 2.500 euros, incluyendo preparación para entrevistas oficiales y construcción de un relato creíble ante las autoridades. Otros intermediarios elevaban el coste hasta más de 7.000 euros, asegurando a los clientes que el riesgo de rechazo era bajo.

La investigación también descubrió reuniones de supuestos grupos de apoyo a solicitantes de asilo LGBT en las que, según los propios asistentes, ninguno era realmente homosexual, lo que evidencia el grado de sistematización del fraude.

Incluso dentro del propio activismo, algunas voces han reconocido la magnitud del problema. El fundador de una red LGBT musulmana en Reino Unido calificó la situación como «un problema enorme», señalando que ha recibido ofertas de dinero a cambio de emitir cartas de recomendación falsas.

Las autoridades británicas han advertido de que el uso fraudulento del sistema de asilo puede conllevar expulsión del país y penas de prisión, aunque los datos muestran que este tipo de solicitudes tiene altas tasas de aceptación, lo que habría incentivado su explotación.

El escándalo reabre el debate sobre la vulnerabilidad de los sistemas de asilo en Europa, cada vez más expuestos a redes organizadas que convierten los mecanismos de protección en una vía de acceso ilegal al continente.