Un inmigrante afgano de 29 años ha sido acusado de asesinato y puesto en prisión preventiva por la muerte de una mujer china de 65 años, cuyo cadáver fue localizado en un apartamento del centro de Béthune, en el norte de Francia. La víctima presentaba numerosas heridas de arma blanca y, según la investigación, habría fallecido varios días antes de que su cuerpo fuera encontrado.
El hallazgo se produjo el 13 de julio en una vivienda de alquiler temporal que, de acuerdo con las pesquisas, era utilizada para ejercer la prostitución. La autopsia determinó que la mujer había recibido alrededor de una veintena de puñaladas y los investigadores sitúan el crimen el 11 de julio, dos días antes de que se descubriera el cadáver.
El presunto autor fue detenido el 22 de julio. Durante los interrogatorios policiales reconoció su implicación en los hechos, aunque, según la Fiscalía, no ofreció una explicación clara sobre el motivo de la agresión. Las primeras averiguaciones apuntan a que el detenido era cliente de la víctima, quien presuntamente ejercía la prostitución en el inmueble donde tuvo lugar el crimen.
Las autoridades han precisado que el acusado residía legalmente en Francia al contar con protección subsidiaria, un estatus concedido por la Oficina Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas. Tras su arresto, las autoridades competentes solicitaron la retirada de esa protección al considerar que su conducta supone una grave amenaza para el orden público.
Paralelamente al procedimiento por homicidio, la Justicia francesa mantiene abierta otra investigación relacionada con un presunto delito de proxenetismo agravado. Los investigadores sospechan que el apartamento donde ocurrieron los hechos llevaba años utilizándose para actividades de prostitución y que ya había estado vinculado anteriormente a episodios violentos.
En el marco de esa causa, un ciudadano chino de unos cuarenta años, señalado como la persona que supuestamente alquilaba el inmueble y obtenía beneficios de esa actividad, también ha sido procesado. Aunque la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión provisional, el juez acordó dejarlo en libertad bajo supervisión judicial, una decisión que el Ministerio Público ha recurrido.