El atentado islamista contra las celebraciones del Orgullo de Berlín ha vuelto a poner el foco sobre la dimensión de la amenaza y los fallos de las autoridades alemanas. El servicio de Inteligencia interior calcula que en el país hay 28.645 islamistas, de los cuales 9.110 están considerados partidarios del uso de la violencia.
Los datos aparecen recogidos en el informe de 2025 de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. La cifra total aumentó en 365 personas respecto al año anterior, aunque el número de islamistas violentos descendió desde los 9.540 registrados en 2024. Además, la Policía alemana tiene identificados a más de 450 «individuos peligrosos» a los que considera capaces de cometer delitos graves con motivación política, incluidos atentados terroristas.
La amenaza se concentra con fuerza en Berlín. El servicio de Inteligencia de la capital contabiliza 2.590 islamistas, frente a los 2.440 del año anterior. Cerca de 980 respaldan la violencia, la justifican o estarían dispuestos a ejercerla.
Entre ellos figuran 350 salafistas violentos. También hay unos 200 simpatizantes de Hamás y 300 seguidores de la organización terrorista libanesa Hezbolá. Las autoridades, sin embargo, reconocen que carecen de una estimación fiable sobre el número de partidarios del Estado Islámico presentes en la ciudad.
La publicación de estas cifras ha cobrado una nueva relevancia tras el ataque perpetrado el sábado junto a las celebraciones del Día de Christopher Street, nombre con el que se conoce el Orgullo en Alemania. El islamista Abdul Ballout, de 21 años, arrolló con una furgoneta a una multitud en el distrito berlinés de Tiergarten y atacó después a varias personas con un arma blanca. Una mujer murió y otras 29 personas resultaron heridas.
Ballout huyó tras el atentado y fue abatido el domingo durante una operación policial en el distrito de Spandau. Según las autoridades, atacó a los agentes con un arma blanca cuando trataron de detenerlo.
El terrorista estaba en libertad pese a sus antecedentes
El autor del ataque era conocido por los servicios de seguridad debido a sus vínculos con el Estado Islámico y sus intentos de incorporarse a la organización terrorista. Había sido condenado por preparar un acto violento y salió de un centro de menores apenas dos meses antes del atentado.
Las autoridades habían intervenido su teléfono, lo sometieron a vigilancia durante un periodo y le impusieron la obligación de acudir a un programa de desradicalización. Pese a esos antecedentes, permanecía en libertad cuando arremetió contra la multitud.
El caso ha abierto un debate sobre la aplicación de la legislación penal juvenil y la incapacidad del Estado para controlar a islamistas ya fichados. La responsable de Justicia de Berlín, Felor Badenberg, ha pedido revisar las normas aplicables a los adultos jóvenes implicados en delitos de terrorismo.
La legislación alemana solo permite detenerlos cuando existen indicios concretos de la preparación de un delito. La consideración de «islamista violento» o «individuo peligroso» no basta por sí sola para decretar su ingreso en prisión.
El informe del servicio de Inteligencia advierte, además, del peso creciente de Internet en los procesos de radicalización. Los grupos islamistas utilizan redes sociales, plataformas de videojuegos y servicios de mensajería para difundir propaganda, captar a jóvenes e incitar a simpatizantes a ejecutar ataques contra objetivos civiles.
