Las conversaciones y los mensajes que se mantienen en los aeropuertos británicos, ¿las escuchan por sistema los servicios de inteligencia del Reino Unido, al margen toda ley y tribunal?
Un juicio celebrado en Madrid esta semana induce a pensar que es así, y también que los cacareados derechos fundamentales por los que los europeos deben sacrificarse en Ucrania, Oriente Próximo o Mali son papel mojado con la excusa de «delitos de odio» o, en este caso, de la seguridad pública.
En un vuelo entre el aeropuerto británico de Gatwick y la isla española de Menorca, el joven británico Aditya Verma, que hoy tiene 19 años de edad, pasó de ser un estudiante en un viaje de diversión por sus buenas notas en el colegio a un sospechoso de pertenecer a los talibanes, ésos mismos a los que la OTAN entregó Afganistán en el verano de 2021.
La transformación ocurrió en julio de 2020. Verma iba a embarcar, junto con cinco amigos, en un avión de easyJet con destino a Mahón para pasar unos días de vacaciones y en el aeropuerto envió un mensaje al grupo de Snapchat común con fotos de la zona de facturación y la siguiente frase: «De camino a volar el avión. Soy un miembro de los talibanes» (“On my way to blow up the plane. I’m a member of the Taliban”). La familia de Verma es de origen pakistaní y el mensaje aludía a las confusiones que ha sufrido en otras ocasiones por su aspecto.
En cuanto el avión entró en el espacio aéreo español, dos cazas F-18 lo escoltaron hasta su destino. En Menorca, aguardaba un despliegue de policía y bomberos. No había ningún tipo de explosivo, pero Verma fue detenido y encarcelado por dos días. Luego se le liberó bajo fianza.
En el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Abogacía del Estado le han acusado de un delito de desórdenes públicos tipificado en el artículo 561 del Código Penal. Este delito se castiga con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses. Además le han reclamado una indemnización para el Ministerio de Defensa de 94.782 euros por el despegue de los cazas. La multa ascendería a 22.830 euros. Verman acaba de ser absuelto.
El tribunal recoge la argumentación de la defensa de que se trataba de una broma en un grupo cerrado de una red social. Tanto la abogada defensora como el juez ponente han mostrado su sorpresa por la manera en que las autoridades policiales y militares españolas recibieron la alerta antiterrorista. ¿Cómo una broma entre amigos pasó a convertirse en materia de seguridad internacional? Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han ofrecido una respuesta. En el juicio celebrado en Kent (Inglaterra), en el que también se absolvió a Verma, tampoco se dio ninguna explicación a esa pregunta.
De alguna manera, los encargados de la seguridad británica detectaron el mensaje colocado en Snapchat y se lo pasaron a sus homólogos españoles. Todo el proceso supuso la violación del derecho a la privacidad de Verma y sus amigos, al menos bajo la legislación española. La interceptación de estas comunicaciones privadas, subrayó la abogada española, se hizo sin supervisión judicial, lo que contradijo la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Snapchat advierte a sus usuarios de que colabora «con las fuerzas de seguridad y con las autoridades para ayudar a mantener la seguridad de nuestra comunidad» y que atiende 24/7 las solicitudes de las policías y servicios de información. Los conocedores de los mecanismos que emplean ahora los cuerpos de seguridad para detectar supuestas amenazas terroristas incluyen la vigilancia de las redes públicas de Internet en lugares «sensibles» como los aeropuertos y las estaciones de tren y metro.
De ser ésta la respuesta, los policías y espías oficiales británicos estarían quebrantando el derecho al secreto de las comunicaciones y conversaciones. Por tanto, quien pise un aeropuerto británico se convertiría en sospechoso de cualquier delito sin saberlo ni tener derecho a defensa. Estamos ante otra prueba de que el Gran Hermano nos vigila. Por supuesto, por nuestro bien.
