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POR HIGIENE Y SEGURIDAD

El Consejo de Estado francés confirma la prohibición del burkini en las piscinas de Grenoble

Una mujer musulmana viste un burkini en una piscina. Reuters
Una mujer musulmana viste un burkini en una piscina. Reuters

El Consejo de Estado de francés, el órgano supremo de los contenciosos administrativos, ha confirmado que el burkini, el traje de baño de cuerpo entero utilizado por mujeres musulmanas, no podrá llevarse en las piscinas públicas de la ciudad francesa de Grenoble «por motivos de higiene y seguridad» y por suponer «una amenaza al principio de neutralidad de los servicios públicos».

Los jueces del Consejo de Estado se han pronunciado después del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Grenoble, que había recurrido a esta instancia para levantar la prohibición decretada por un tribunal administrativo en mayo.

«El Artículo 1 de la Constitución prohíbe que prevalezcan las creencias religiosas por encima de las reglas comunes establecidas», ha indicado el Consejo de Estado.

El mes pasado, el Tribunal Administrativo de Grenoble ya suspendió la autorización de usar el burkini en las piscinas municipales de la ciudad al considerar que ese traje de baño que tapa desde la cabeza hasta los pies afectaba «gravemente el principio de neutralidad del servicio público».

Marine Le Pen celebró entonces la decisión del tribunal francés: «Me complace que la justicia haya suspendido la disposición municipal de la ciudad de Grenoble que autorizaba el burkini, prenda de propaganda islamista«. «Seguiremos atentos y nuestros diputados propondrán una ley para prohibirlo definitivamente«, aseveró.

Ahora, el Consejo de Estado ha confirmado al Tribunal Administrativo y tumba el reglamento aprobado por el alcalde ecologista Eric Piolle que autorizaba a partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas a usar burkini en las piscinas de la ciudad.

El uso de esta prenda creó una gran polémica en Francia en 2016, cuando decretos municipales aprobados aquel verano en diferentes localidades francesas la prohibieron, aunque fueron finalmente anulados por un dictamen del Consejo de Estado que lo consideró «una afrenta grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales».

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